Iris Jave, comunicadora social y politóloga, lamentó que en el proceso electoral que estamos viviendo se esté utilizando el término «terrorista» de una forma muy ligera. La experta enfatizó que aún las heridas de las épocas subversivas no han cerrado, tanto en los familiares de los muertos como en la sociedad en general.
“Hay un desconocimiento y una intención de olvidar el conflicto armado que vivió el país. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se produjeron casi 70 mil víctimas. Se usa el término “terrorismo” de forma muy trivial, no hay que olvidar que aún tenemos una deuda con más de 15 mil personas desaparecidas y reparaciones pendientes para las víctimas de la violencia. Me parece una insensibilidad usar el término terrorismo como si fuera solo un insulto y no saber lo que eso realmente significa”, comentó.
Por otra parte, Jave se refirió a los familiares de terroristas condenados que actualmente buscan algún cargo público. Las declaraciones llegan en el marco de los cuestionamientos a la postulación al Congreso de la República de Abel Gilvonio por el Frente Amplio, quien es hijo Américo Gilvonio (condenado por terrorismo) y sobrino de Nancy Gilvondio (condenada por terrorista).
“Hay una especie de sanción moral por parte de la sociedad porque se quiere condenar a cualquier persona que haya tenido algún familiar terrorista y se le quiere negar los derechos que corresponden a cualquier ciudadano peruano, incluido el de participar en la vida política del país”, aseguró.
Iris Jave no pudo evitar comentar el tema de las reparaciones civiles a las víctimas o familiares de las víctimas del conflicto armado interno vivido en las décadas de los 80 y 90. La politóloga detectó una deficiencia en el proceso de indemnización.
“La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó un plan integral de las reparaciones a las víctimas de la violencia en temas de educación, salud física, salud mental y en materia económica. En el 2006, se creó un registro único de víctimas para hacer efectivas las reparaciones, pero el 2011 se dio un a normativa para cerrar la entrega de las mismas argumentando que no había presupuesto para ellos. Eso es lamentable y tiene que reabrirse», confirmó Jave, quien también comentó que la Ley de Reparaciones excluye de recibir algún tipo de reparación a los familiares de terroristas.
Finalmente, la politóloga ve con escepticismo que, en el actual proceso político y social que vivimos, se produzca una verdadera reconciliación.
“Creo que una sociedad que construye una democracia con estas debilidades, precariedades y pocos espacios para la inclusión de los grupos vulnerables, tiene muy difícil producir algún tipo de reconciliación. La reconciliación no se produce por mandato, ley o normativa; se hace mediante una construcción colectiva, social y cultural donde intervienen todos los actores. El Estado debe generar una serie de políticas públicas de memoria, de recordación y de reparación para conducir a un proceso de reconciliación democrático. Yo veo ese proceso aún muy lejano en el Perú”, finalizó.
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