ANP rechaza proyecto de ley que modifica artículo 162 del Código Penal

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, rechaza al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca modificar el artículo 162 del Código Penal, con el fin de endurecer las penas para quienes intercepten de manera ilegal las comunicaciones de terceras personas.


A través de un comunicado, la ANP sostiene que este proyecto “constituye, en parte, una grave amenaza contra la libertad de expresión y, en especial, de la libertad de prensa, derechos amparados por la Constitución Política del Estado, el Código Penal y los convenios internacionales suscritos por el Perú”.


 


La iniciativa legislativa que fue presentada al Congreso de la República por el Poder Ejecutivo el pasado viernes, plantea sancionar con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro, a los «chuponeadores». Si el agente es funcionario público, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de seis.


 


Actualmente, el Código Penal contempla una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel por este delito, pero se eleva de tres a cinco años si se trata de un funcionario público.


 


El comunicado señala además que «Llama la atención que los autores del proyecto incluyan como responsables de los delitos que amparan el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones personales, a quienes tienen el deber de informar con la verdad cuando se trata de hechos que afectan el bien público».


 


De la misma manera, resulta contradictorio que los autores no hayan tomado en cuenta que frente al grave problema creado por la corrupción de funcionarios públicos, es menester proteger y defender el libre ejercicio de la profesión periodística por el significado que tiene para bien de la salud moral del país. En pocas palabras, en una verdadera democracia, para que llegue el mensaje, hay que proteger al mensajero, sostiene el documento.


 


En ese sentido, la ANP demanda del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, la adopción de medidas que permitan el fiel cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, la misma que en muchos casos se ha convertido en inoperante por los obstáculos que existen para su fiel cumplimiento.