Mediante un comunicado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, ofrece sus condolencias a los familiares y amigos del SO2 Carlos Alberto Peralta Padilla y del SO3 Fernando Hidalgo Ibarra, quienes fallecieron el pasado martes 20 de enero en el Santuario Histórico Bosque de Pómac.
Asimismo, el pronunciamiento señala que la entidad espera que los responsables de estos lamentables sucesos sean identificados y drásticamente sancionados.
«Al mismo tiempo, les deseamos una pronta mejoría a aquellos efectivos del orden heridos mientras intentaban hacer cumplir la ley, protegiendo el patrimonio natural y cultural de todos los peruanos», precisa.
Del mismo modo, reprocha «los actos de violencia desplegados frente a un desalojo pacífico organizado por la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio Público».
El texto precisa que, desde que el Santuario Histórico Bosque de Pómac fue invadido de manera ilegal hace siete años, se han desarrollado diversas iniciativas pacíficas para lograr el desalojo de los invasores, quienes recibieron sendas notificaciones en cumplimiento de lo que establece la legislación peruana.
También recuerda que, luego de un proceso judicial iniciado en el año 2004, cuatro años después, se dictó sentencia definitiva, disponiéndose el desalojo de estos.
Pobres fueron estafados por traficantes de tierras
En otro momento, la SPDA lamenta que dentro del grupo de desalojados existan personas de escasos recursos que fueron engañadas por traficantes de tierras, quienes aprovechándose de sus necesidades y falta de información, los llevaron a ocupar ilegalmente parte de los terrenos ubicados dentro del santuario.
«Confiamos que estos inescrupulosos traficantes sean también identificados y respondan no solo ante la ley, sino también ante las personas engañadas por ellos, resarciéndoles de ser el caso por el daño ocasionado», expresa.
Finalmente, menciona que lo acontecido el día de ayer en Pómac, muestra las consecuencias de la
informalidad y del tráfico de tierras que ocurre en el país, y pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer a las autoridades encargadas de la defensa de nuestros bosques y del patrimonio de la Nación.