La ministra de Justicia, Rosario Fernández, informó que, ante las evidencias de secuestro y torturas infligidas a comuneros de Piura en las instalaciones de minera Majaz, publicadas por el diario La República, su sector asumió la defensa legal de las víctimas.
Dijo, que para esto ya se encuentran en Huancabamba y Ayabaca, lugares de donde proceden las víctimas, tres abogados de su sector para hacerse cargo, en forma gratuita, de la asistencia legal de los comuneros y de todos los que consideren que se han vulnerado sus derechos humanos.
Los letrados, además, tienen el encargo de acelerar los trámites de la investigación que fue abierta en junio del 2008, y que a la fecha ya tuvo dos ampliaciones.
«No conocemos los motivos de las ampliaciones solicitadas por la Fiscalía pero queremos colaborar para que las presuntas víctimas puedan tener un proceso rápido y adecuado», comentó Fernández.
En estos casos, añadió, la ley obliga a su sector a intervenir a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que ha designado a un funcionario para recoger los testimonios de los comuneros.
Según la denuncia de los agraviados, a fines de julio de 2005 fueron secuestrados y torturados en el campamento minero de Majaz por policías y miembros de seguridad de la empresa Forza.
Señalan que el gobierno debe dar a conocer nombres de los policías infractores
De otro lado, la abogada de los 28 comuneros torturados en Majaz, Rosa Quedena, saludó la preocupación del Ejecutivo por la suerte de sus patrocinados, pero dijo que si realmente quiere ayudarlos debe entregar los nombres de los policías que estuvieron a cargo del operativo de secuestro y tortura de los campesinos.
«Hemos solicitado al Ministerio del Interior que revele los nombres de esos policías, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. La ministra de Justicia puede interponer sus buenos oficios para lograr esos nombres y así se pueda acelerar la investigación», afirmó Quedena.
Por la falta de esa información solo se han consignado en la denuncia al general PNP Ricardo Benavides, jefe de la Primera Dirección Territorial, coronel Ricardo Murillo y al capitán Marco Gonzales, responsables de la protección del campamento de Majaz en julio del 2005, cuando ocurrió el hecho.
También se desconoce la identidad de los miembros de seguridad Forza que participaron en las torturas. Quedena discrepó de la ministra Fernández, quien aseguró que la actual propietaria de Majaz no tiene responsabilidad en la violación de derechos de los comuneros.
«La nueva empresa adquirió el activo y pasivo de Majaz, por eso es civilmente responsable», afirmó.