La Defensoría del Pueblo advirtió algunas deficiencias en el servicio prestado a los niños y adolescentes por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) de la provincia de Huánuco, luego de supervisar las condiciones de atención que este viene prestando.
Comisionados de la Oficina Defensorial de dicha región advirtieron que 217 audiencias programadas fueron suspendidas en el año, 10 de ellas por la falta de asistencia de fiscales. Asimismo, constataron que existe una alta demanda, ya que, al 25 de noviembre, se registraban 2 540 audiencias.
Esta información fue recogida luego de sucesivas entrevistas realizadas a los familiares de víctimas y personal del IML, además de la visita a las instalaciones y revisión de información estadísticas.
El jefe de la Oficina Defensorial en la región, Pier Paolo Marzo Rodríguez, señaló que también resulta preocupante la falta de atención preferente a las niñas víctimas de agresiones sexuales, tal como lo señalaron sus familiares entrevistados quienes además, indicaron que en cuatro casos las víctimas fueron maltratadas.
Respecto a la infraestructura, advirtió que no se cuenta con mobiliario adaptado a las víctimas menores de edad (sillas de baja altura, por ejemplo) y que los ambientes no son accesibles para personas con discapacidad.
Asimismo, indicó que se han emitido recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad de los servicios, lo que implica asignar y ejecutar presupuesto para contratación de personal (incluso intérpretes individuales) y adquirir implementos necesarios; así como promover la capacitación especializada del personal y gestionar el traslado de las víctimas, desde lugares donde no hay médicos legales hacia ellos.
“De solucionarse estas deficiencias, se contribuirá a mejorar un servicio en la ruta y sistema de atención integral a niños, niñas y adolescentes; lo que representa un profundo respeto por los derechos de esta población vulnerable”, dijo Marzo
La investigación de la Defensoría del Pueblo contó con el apoyo del IML, la organización no gubernamental Paz y Esperanza y la asociación Madres Tamar (mamás de víctimas).
La presidenta de Madres Tamar solicitó la adecuación de la infraestructura y calidad de la atención; mientras que la vicegobernadora regional, Rosalía Storck, saludó el trabajo interinstitucional, comprometiendo al gobierno que representa a contribuir con la implementación de las recomendaciones expuestas.
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