El 2008 fue un año bastante positivo en la lucha contra la trata de personas en el país, en cuanto a la legislación y creación de entes supervisores de este flagelo por parte del gobierno central; sin embargo, aún falta mayor compromiso de los gobiernos locales y regionales para enfrentar este delito, manifestó Alberto arenas, subdirector de CHS – Alternativo y Coordinador de la Veeduría Mirada Ciudadana.
El año pasado se aprobó después de casi 22 meses el reglamento de la Ley contra la Trata de Personas; además se creó en marzo la División Especializada contra la Trata de Personas en la Divincri, Policía Nacional.
Asimismo, se concretó la Veeduría Ciudadana contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo anunció que en su Plan Operativo Institucional 2009 ya incluyó la Lucha Contra la Trata de Personas, y el Congreso de la República también creó una Subcomisión especializada contra la Trata de Personas.
“Todo esto contribuyó finalmente a que pudiera aprobarse el Reglamento de la Ley que establece una serie de retos para el sector público”, sostuvo Alberto Arenas en diálogo con Inforegión.
Aspectos pendientes
Rol de gobiernos locales y regionales
Lo que no se puedo concretar y sigue siendo un tema pendiente, refiere el coordinador de la veeduría, es el compromiso de los gobiernos locales y regionales contra la trata de personas.
“Solo se está esperando que el gobierno central haga todo, pero el gobierno local y el regional tiene una tarea pendiente, porque, por ejemplo, los establecimientos donde hay explotación sexual o los lugares donde pueda haber explotación laboral están más cerca de los gobiernos locales y regionales, que del gobierno central”, dijo.
En el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, debe supervisar la existencia de establecimientos que funcionan sin licencia, sobre todo bares y cantinas, y además, aplicar las sanciones respectivas.
En cuanto al gobierno regional, debe incluir dentro de sus planes y de sus presupuestos los diversos temas vinculados a la trata de personas, por ejemplo en la prevención a nivel de escuelas.
“Sabemos que las Direcciones Regionales de Educación dependen de los gobiernos regionales y pueden incorporar una temática especifica para prevención a nivel de escuelas de la trata de personas, la detección de casos”, dijo el coordinador de la veeduría.
Asimismo, agregó que las Direcciones Regionales de Salud pueden hacer atender a las víctimas de trata; y las Direcciones Regionales de Trabajo, pueden supervisar los establecimientos donde podría haber explotación laboral.
“Sabemos que en algunos lugares de la selva del país, en la zona amazonía del Perú, hay explotación laboral en madera, en castaña y en extracción de oro, por ejemplo, y ahí podrían intervenir las Direcciones regionales de Trabajo”.
También juegan un rol las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, en prevención de la explotación sexual en el ámbito del turismo, “no solo de informar a los prestadores de servicios turísticos, sino de supervisar esos establecimientos, dar normatividad regional para poder establecer sanciones económicas y contribuir a erradicar este delito”.
Ministerio Público
Otro tema pendiente es lograr mayores sentencias para los que cometan este delito enfatizó Arenas.
“Y allí un llamado al Ministerio Público para que puedan colaborar y contribuir en la investigación de estos delitos, y al Poder Judicial para que pueda procesar a todas las personas que han sido identificadas como miembros de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas en el país”.
Cabe preciar que en materia de trata de personas, las penas en el país son escalonadas, el tipo básico es de 8 años y la pena agravada tiene no menos de 25 años, por lo que estamos frente a delitos que el mismo nivel del narcotráfico y otros delitos graves que tienen penas altas.
La trata de personas es un delito en el que la persona es privada de su libertad y tratada como una mercancía y objeto de explotación para generar un lucro. La persona es captada., trasladada y finalmente es explotada.
Tiene diversos fines, no solo la explotación sexual que es la que más se ha trabajado en el Perú, sino la explotación laboral, la explotación de niños en la mendicidad por ejemplo, la venta de niños y la venta de órganos y tejidos humanos, concluyó Alberto Arenas.