La Clínica Jurídica de Interés Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú exhortó al Poder Judicial a declarar la obligatoriedad de la divulgación completa de las sesiones del Congreso de la República en que se discutan sanciones a parlamentarios.
Esto debido a que la institución legal universitaria intervino recientemente en un proceso de hábeas data iniciado por el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, a través de su abogado, contra el Poder Legislativo por violar el derecho al acceso a la información pública en el caso Tula Benites.
Cabe resaltar que el proceso en mención se inició por la negativa del Congreso a informar sobre el debate de la sesión plenaria en la que se decidió sancionar a la congresista aprista Tula Benites, alegando la protección del derecho a la intimidad.
Es preciso recordar que Benites fue investigada y sancionada luego de que la prensa revelara que algunos de sus asesores en realidad eran personas ajenas a las actividades del parlamento a pesar de figurar en la planilla de la entidad pública y cobrar puntualmente sus remuneraciones.
IPYS argumenta que decisión es inconstitucional
Por su parte, el IPYS argumenta que es ilegal e inconstitucional la negativa del Parlamento a brindar la información solicitada, toda vez que las sesiones del pleno de dicha entidad sólo pueden ser declaradas secretas en resguardo de la seguridad nacional y el orden interno.
Al respecto, es preciso explicar que el amicus curiae depositado ante el juzgado por la Clínica Jurídica de Interés Público de la PUCP es un informe de naturaleza jurídica presentado por personas ajenas a las partes de un proceso.
El amicus curiae tiene por finalidad ayudar al juez a formarse una opinión. La legislación nacional tiene prevista esta figura para que terceros que no son parte del proceso puedan aportar significativamente en él, fortaleciendo una de las posiciones.
