Aunque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la inversión de S/.50 millones para la construcción de plantas potabilizadoras de agua en la selva, aún no hay acciones concretas. En tanto, más del 35 % de familias de las zonas rurales sigue sin contar con agua potable.
Uno de los derechos fundamentales del ser humano, amparado por las normas internacionales, es el acceso a los servicios de saneamiento. Sin embargo, en el Perú, cuatro millones de personas no cuentan con agua potable y más de nueve millones carecen del servicio de desagüe conectado a la red pública, según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La situación se agrava en las zonas rurales de la selva, ya que el 35 % de familias no cuenta con este líquido imprescindible para la vida y el 85 % no tiene acceso a algún servicio de desagüe. Este dramático panorama es un reflejo de que viven las poblaciones de las áreas rurales de nuestra Amazonía, donde comunidades enteras viven a merced de las enfermedades y la desidia de las autoridades.
DERECHOS OLVIDADOS
En la actualidad, no existen estudios que nos permitan conocer lo que sucede en cada uno de los departamentos del país con relación al acceso de agua y desagüe, menos en nuestra Amazonía. Así lo afirma Gianinna Avendaño Vilca, jefa del Área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Agrega que en la zona urbana la cobertura llega entre 80 % a 90 %, pero si se revisa a nivel de municipalidades, solo llega a un 20 %, aproximadamente.
Por su parte, Daniel Díaz Pérez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, afirma que muchos niños y niñas menores de cinco años presentan desnutrición crónica como consecuencia del desabastecimiento de agua. El 12 % de esta población padece de enfermedades diarreicas porque no cuentan con los servicios de saneamiento, lo cual pone en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Una cifra alarmante que revela el INEI es que la desnutrición crónica también se diferencia por la lengua originaria. Según las cifras, el 36.4 % de las niñas y niños que se comunican a través del quechua padecen de este mal, mientras que un preocupante 53.2 % corresponde a los menores que hablan alguna lengua oriunda de la Amazonía. En tanto, el 11.1 % pertenece a los aimara.
Los beneficios que implica contar con este servicio vital para la comunidad no solo están relacionados con el ahorro en tratamiento de salud y la reducción de la mortandad infantil, sino que también brinda más alternativas a sus habitantes para trabajar por un mejor futuro. Los niños, que mañana serán los ciudadanos que el país requiere, tendrán más oportunidades de salir de la pobreza que los acecha.
ACCIONES
En este contexto, Díaz Pérez señala que urge identificar la situación de cada una de las comunidades, a fin de establecer políticas concretas, como alianzas de cooperación entre las universidades y las empresas para buscar soluciones. “Contamos con capital humano que puede ser muy bien aprovechado. En la región San Martín solo tenemos agua por horas. Si esto pasa en las ciudades, qué estará ocurriendo en las comunidades rurales”.
Hace falta, además, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trabaje en conjunto con los gobiernos regionales y locales, a fin de poner en marcha proyectos integrales que beneficien a las poblaciones más necesitadas. Con estas acciones disminuirían los casos de enfermedades causadas por consumo de agua en condiciones insalubres y por una deficiente eliminación de los residuos sólidos, lo que generaría un ahorro al Gobierno.
Para Avendaño Vilca, las municipalidades provinciales y distritales tienen la tarea de velar por una adecuada administrar del servicio de saneamiento, según lo establece la Ley Orgánica. Sin embargo, algunas presentan limitaciones presupuestales para ejecutar los proyectos, ya que no poseen recursos por canon ni regalías. “Cabe destacar que el personal con el que cuentan no tiene la capacidad de elaborar iniciativas de esta naturaleza”.
Como parte de los objetivos del milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perú se comprometió a establecer políticas para que a fines del 2015 se logre una cobertura del 88 % de agua potable y 78 % en saneamiento básico. Al cuarto trimestre del 2014 se cuenta con el 85.9 % y 65.7 %, respectivamente. Sin embargo, la falta de datos desagregados por distritos nos impide analizar si estas cifras incluyen a las zonas rurales o solo se quedan en la superficie de lo urbano.
DATO
Uno de los departamentos en donde urgen proyectos de saneamiento es Ucayali. Sus comunidades campesinas y selváticas carecen de agua y desagüe.
Loreto también requiere servicios de saneamiento. Por ser una zona amplia que cuenta con poblaciones alejadas, las autoridades no llegan a atenderlas en su totalidad.
A través de una norma establecida en abril de este año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene la facultad de ejecutar proyectos directos al valor equivalente o mayor a S/.5.7 millones. Esto podría agilizar los procesos.
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