Los nuevos gobiernos regionales aún no encuentran el camino idóneo para el desarrollo de sus departamentos. La falta de ejecución de obras públicas es producto de la falta de competencias y capacidades administrativas en las autoridades elegidas en los últimos comicios electorales. Sin embargo, según los especialistas, aún es muy pronto tiempo para sacar conclusiones de las gestiones. Así que tendremos que esperar a la segunda mitad del año para observar los verdaderos resultados.
Panorama regional
El lento proceso de aprendizaje es uno de los principales obstáculos que los nuevos gobiernos regionales todavía arrastran de las gestiones anteriores. Según Alejandro Indacochea, economista de Centrum Católica, algunos gobernantes requirieron hasta diez meses para entender el proceso a seguir para utilizar su presupuesto.
“La falta de ejecución de obras comprometidas se debe a la falta de competencias para hacer bien las cosas”, comenta.
La limitada coordinación entre el gobernador y los consejeros regionales es otra dificultad muy grave. Un ejemplo es Huánuco, en donde el consejo regional ha manifestado su desacuerdo sobre las irregularidades cometidas durante los primeros cien días de gestión. Por otra parte, alrededor de siete gobiernos regionales arrastran denuncias por corrupción, lo que origina temor entre los nuevos funcionarios que asumen el cargo.
Indacochea señala el gasto no productivo como otro problema que se observa en muchos departamentos del país, ya que las principales autoridades han invertido su presupuesto en monumentos y otras construcciones de ladrillo y cemento, ubicados en las zonas urbanas, que benefician a un porcentaje muy bajo de la población.
“Nos estamos acostumbrando a gastar, pero no nos percatamos de la calidad de ese gasto”, señala.
La paralización de obras públicas responde, en gran medida, a la reducción del canon minero. Esta situación ha tenido un gran impacto en regiones del sur, como Tacna, Moquegua y Arequipa, cuyo desarrollo depende de la minería. Ante el recorte de presupuesto en más del 50 %, los gobiernos regionales no pueden cumplir con el pago a proveedores e incluso se han visto obligados a recortar su personal.
Los retos
Frente a esta situación, Indacochea sugiere replantear el proceso de regionalización, ya que ha generado mayor desorden por implementarse de manera apresurada y no ha sido diseñado adecuadamente. “Considero que deberíamos pasar a un enfoque más orientado a la formación de macroregiones, con mayor énfasis en el desarrollo de competencias y capacidades gubernamentales”, refiere.
Por otra parte, es necesario estrechar la comunicación entre los departamentos y el Gobierno central, de manera que puedan trabajar y apoyarse mutuamente. Más que una intervención administrativa, es deber del Gobierno reforzar las instituciones fiscalizadoras que tienen una labor específica sobre los gobiernos regionales, como la Contraloría General de la República, la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Anticorrupción y el Poder Judicial.
Finalmente, se requiere mayor aprovechamiento del canon petrolero y gasífero en las regiones que cuentan con este recurso natural, como Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y Cusco, así como un mayor respeto del canon minero y el sistema de regalías en los departamentos del sur. El experto señala que recién a partir del segundo semestre podríamos observar auténticos avances en la gestión de los gobiernos y sacar conclusiones.
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