Las protestas sociales en la región Cusco, especialmente en la provincia de La Convención, muchas veces definieron la coyuntura política del país. Recordemos, por ejemplo, las movilizaciones contra la explotación del Gas de Camisea que obligó la retirada de las transnacionales Shell-Mobil (1998), descubridora del yacimiento gasífero.
En esos años, la posición de las organizaciones sociales era que el Estado explote directamente y no los representantes del “imperialismo”. Situación que graficaba claramente la contaminación ideológica de las protestas frente a un proyecto de interés nacional.
Posteriormente, cuando a fines del 2000 se entregó, finalmente, la concesión para el desarrollo del proyecto, las organizaciones sociales y la opinión pública regional se opusieron a la exportación del gas. La consigna era “el gas es solo para los peruanos”.
Ahora, 14 años después, la influencia de los beneficios del gas de Camisea es capital casi en todos los aspectos de la vida de los cusqueños y, particularmente, de los convencianos. Tanto que en el primer punto de la agenda de lucha de las organizaciones sociales, hacen saber su oposición a la decisión gubernamental de re-distribuir el canon gasífero.
La historia del Gasoducto Sur Peruano también ha sido un poco tortuosa. Recordemos que el denominador común en la agenda reivindicatoria de los últimos cinco años del Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención, ha sido la exigencia al Gobierno Nacional para que construya un gasoducto que lleve energía a toda la Macro Región Sur. Muchas huelgas y vidas humanas, especialmente de los convencianos, ha costado materializar este proyecto, que democratizará el consumo del gas además del Cusco, en Apurímac, Arequipa, Puno y Moquegua.
Como dijimos, el Gasoducto Sur Peruano es el resultado de las luchas sociales. Posiblemente por eso estamos observando en la gran mayoría de los actores sociales y políticos de La Convención y de la región Cusco una gran lección de madurez política. En efecto, el 26 de febrero pasado, el Comité Central de Lucha reconoció a este proyecto, en asamblea pública, como de interés nacional y, no solo eso, también llegó a importantes acuerdos con los representantes de la empresa encargada de su construcción.
A su turno, el presidente regional del Cusco, Edwin Licona, señaló el 09 de marzo pasado en Kiteni que el nuevo gasoducto le permitirá a su región asumir el liderazgo energético en toda la Macro Región Sur.
Planteado así las cosas, pocos factores podrían poner en riesgo el normal desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. El primero de ellos es, sin duda alguna, la “política voluble, vacilante e indecisa” de la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato. Probablemente por desconocimiento están jugando con fuego, esperemos que no sea demasiado tarde hasta que retorne el sentido común y un mejor tacto político. Otro factor de riesgo sería la presencia del grupo terrorista en algunos tramos del gasoducto. También se debe considerar como amenaza a algunos personajes que se presentan como representantes de grupos sociales, cuando se sabe que son simples gestores de grupos familiares, de autoridades con intereses no muy santos y hasta de proveedores. Aquí el Comité Central de Lucha tendría que trazar bien la cancha.