La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz dialogó ayer con la prensa acerca de las perspectivas de sus sector. En dicho diálogo aseguró que por el momento Petroperú no incursionará en las actividades de exploración y explotación (upstream) de petróleo, tampoco será operador del Lote 192 el cual se licitará antes del vencimiento del plazo del contrato que tiene Pluspetrol y que vence a mediados de agosto.
¿Cuál es la visión del Minem (ministerio de Energía y Minas) en cuanto a la participación de Petroperu en el upstream (exploración, explotación), va a haber algún cambio?
Creo que el gobierno, y yo personalmente considero que es importante la participación de Petroperú en el Upstream; sin embargo, hay que respetar las normas existentes.
En julio del 2014 se promulgó la Ley 30130, que establece que Petroperú puede realizar proyectos de inversión siempre y cuando no genere a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías del PMRT (proyecto de modernización de la refinería de Talara) y no demanden recursos al tesoro público.
Mientras esta ley este vigente, entiendo que la participación de Petroperú en el upstream no podría darse.
¿Esto significa que Petroperú sí participaría en los lotes III y IV pero no en el lote 1-AB?
El análisis de esto le corresponde a la propia empresa, además, de Petroperú en la calificación de estos contratos. Eso es lo que están haciendo ambas instituciones. Entiendo que el directorio actual de Petroperú está revaluando esta situación de la participación en los lotes III y IV y Perupetro tendrá que hacer lo propio y nosotros como ministerio estaremos a la espera de esas revaluaciones.
Su antecesor mencionó que se estaba evaluando cambiar la ley (Ley 30130) que permita superar esa traba legal para la participación de Petroperú en el upstream. ¿Ahora con usted al mando, ese proyecto legal sigue en pie o se ha descartado?
No, ese proyecto ya no sigue en pie.
La inversión en exploración petrolera en el país es pobre y puede verse más afectada con la caída de los precios del crudo. ¿Qué se hará para impulsar la exploración petrolera?
En los contratos nuevos se puede establecer planes de trabajo (inversión) que impliquen más perforación de pozos para encontrar reservas. Los plazos actuales (8 años) son suficientes.
Cuando se estableció la participación de Petroperú en el lote 64, una de las cláusulas establecía que pudiera pagar con producción futura la inversión que debía hacer (25% igual a su participación societaria). ¿Eso también se está evaluando?
Todo eso se está evaluando.
Hasta antes de que usted asuma el cargo se dio casi por hecho que si no se hacía la consulta previa, Petroperú entraría a operar el lote 192. ¿Eso ha cambiado, o esa opción todavía existe?
El señor presidente (Humala) ya declaró que este lote no se va a pasar a Petroperú como, entiendo, se dijo en algún momento.
Con el arreglo al que se ha llegado entre el estado y los Apus de las cuatro cuencas, parte de la obligación que estos han asumido es permitir el desarrollo, tanto de la Consulta Previa, como del proceso de licitación de manera paralela.
Este proceso se inicia la próxima semana, con lo cual según la información que he recibido de Perupetro, la adjudicación se dará antes del plazo de vencimiento del contrato respectivo (mediados de agosto). Con ello esperamos contar con el nuevo operador privado del lote 192 a tiempo.
Cabe precisar que en este caso concreto del lote 192, Petroperú no podría, bajo ningún concepto asumir la obligación puesto que ahí hay una serie de pasivos contingentes y no se necesita analizar muy profundamente para notar que violaría la ley antes señala (Ley 30130).
¿Pluspetrol puede participar en la licitación del lote 192 en la próxima licitación?, en algún momento se dijo que no…
Legalmente no existe ninguna prohibición, podría participar.
¿Quién debe pagar los gastos de la remediación ambiental del lote 192?
Le corresponde al operador, en este caso a Pluspetrol, porque así lo asumió en el contrato (de explotación) que firmó con el Estado. Pero también es cierto que el estado no puede esperar el desarrollo de los procesos, no solo para determinar la responsabilidad, sino para cobrar el importe de esta remediación, y dejar que las comunidades sigan sufriendo las consecuencias de esta contaminación.
En ese sentido uno de los acuerdos logrados con las cuatro cuencas, implica la creación de un fondo de contingencia con un capital semilla de S/. 50 millones. Este proyecto de ley ya se presentó ayer (jueves 12) al Congreso y esperamos su pronta aprobación. Este fondo está conformado con recursos del Minem (S/. 30 millones) y Minam (S/.20 millones), con lo cual se harán las remediaciones más urgentes en estas comunidades.
¿Y cuándo se le cobrará a Pluspetrol?
Determinada su responsabilidad se le tendrá que cobrar y si ellos judicializan el proceso, tendremos que ir a ello y se les terminará cobrando.
¿Se ha estimado cuánto es el monto por pagar?
No, aún no se tiene. Primero hay que determinar hasta donde llegan las obligaciones de Pluspetrol porque además de las que asumió, pueden existir otras que no fueron detectadas en su momento, cuando firmó el contrato. En ese caso, serían unos pasivos que habría que ver si se recurre al anterior operador o si es asumido por el estado.
Los conflictos sociales son una traba a la inversión privada en su sector. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Es un tema que se repite en muchos países, no somos los únicos. Los inversionistas extranjeros han desarrollado en sus países mucho más el relacionamiento con las comunidades y están dispuestos a poner de su parte para allanar estos conflictos y trabajar de manera armoniosa con las comunidades, es parte de esa convivencia.
¿Qué se está haciendo para acelerar las certificaciones ambientales para la inversión?
Existe actualmente un proyecto de ley en el Congreso, que entiendo ya casi cuenta con el consenso de las bancadas, que establece la “Certificación Ambiental Integrada”.
¿En qué consiste esta última?
Lo que permite es que, a la solicitud de aprobación del EIA (estudio de impacto ambiental) agregar otras solicitudes que tienen que ver con el tema ambiental como vertimientos de agua, disposiciones de residuos, incluso se incluye algo de uso de explosivos, entre otros.
En total se han integrado 12 permisos ambientales en ese proyecto de ley, lo cual significa que cuando se tramite la solicitud del EIA, se tramite también estos 12 permisos simultáneamente.
Para estos efectos también se va a integrar los TUPA de los distintos permisos a uno solo que en este caso los va a manejar el Senace, que es la entidad que va a manejar la certificación ambiental integrada.
¿Qué otros avances hay en materia de certificación ambiental para la inversión?
Lo anterior va en paralelo a la Ventanilla única de certificación ambiental, que también se le dio al Senace por mandato de ley. Esta ventanilla apunta a la presentación de estas certificaciones ambientales “en línea” (también la comunicación y consulta a las otras entidades del estado involucradas, así como al administrado) para hacerlo mucho más efectivo y rápido y con menos papel y a menor costo.
Pero yo creo que el tema de la permisología, más allá de lo anterior, es un problema de gestión. Los tiempos (plazos) fijados en la norma no son exagerados, lo que ocurre es que no se cumplen y por ello se dilata el proceso de certificación; o, por malas prácticas de los funcionarios, muchas veces por desconocimiento.
¿Cuándo espera que se apruebe el proyecto de ley que permite la certificación ambiental integrada?
Fue presentada en octubre del año pasado, y entiendo que ahora en esta legislatura debería pasar al debate.
En este proyecto de ley está también el tema del compartimiento de la línea de base por proyectos que se hagan en la misma zona, ¿qué nos puede decir al respecto?
Efectivamente, este proyecto de ley permite que cualquier administrado que va a preparar un EIA pueda usar la línea de base de un proyecto desarrollado en la misma zona y que haya sido aprobado porque se trata de una base de datos pública y no se necesita hacer una nueva línea de base que demanda mínimo un año de estudios para su elaboración.
Además, la autoridad evaluadora, sea el Senace o el Minem, puede pedir una ampliación para completar esa línea de base, no hay riesgo. Esto ya existe en Colombia.
Kuntur tenía la concesión del gasoducto andino del sur que paso ahora aun nuevo operador que tenía que pagar una carta fianza de Kuntur. ¿Eso se ejecutó, se va a ejecutar?
No, el contrato (con Kuntur) se resolvió y la carta fianza es el único punto de discusión, y se armó una discusión que fue resuelta por un árbitro, a favor de Kuntur, pero la Procuradoría del ministerio (Minem) ha presentado una impugnación a esa resolución.
En el tema de los combustibles, hay quienes opinan que el Fondo de estabilización de precios (FEPC) debería salir. ¿Qué opina usted?
Creo que es un debate que amerita en este momento una evaluación.