La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reveló la existencia de vínculos con el narcotráfico por parte de las nuevas autoridades que asumieron sus funciones en municipios provinciales y distritales en varias regiones de nuestro país.
El jefe de la institución rectora en la lucha antinarcóticos, Alberto Otárola, dijo que los indicios señalan el financiamiento de campañas políticas con dinero procedente de las mafias de la droga.
Al respecto, invocó a las autoridades respectivas la aplicación de una fiscalización muy cuidadosa, especialmente en la etapa de candidatos, donde por ejemplo la hoja de vida debería ser obligatoria –hoy es voluntaria- con datos a ser contrastados para determinar si se dice la verdad.
También destacó el papel que vienen cumpliendo tanto la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en detectar este tipo de delitos.
Para enfrentar la infiltración del narcotráfico en la política, Devida propuso que los congresistas en ejercicio que resulten con vínculos probados con las mafias del narcotráfico o que resulten implicados en el delito de lavado de activos procedente del mismo hecho ilegal sean expulsados del Congreso de la República, mientras que la organización política que los llevó al cargo pierda ese escaño como sanción.
Otárola saludó que exista en marcha un proceso de reforma electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y varias entidades de la sociedad civil, que favorezca la gobernabilidad democrática y la transparencia, y donde los partidos puedan fiscalizar mejor a sus militantes y escoger a los mejores como candidatos, hecho que hoy no ocurre y sobre el cual tales agrupaciones tienen una responsabilidad moral.
El presidente de Devida prestó declaraciones a la salida de la comisión de Narco-Política del Congreso de la República que preside Rosa Mavila; y que se realizó en sesión reservada.