El lunes 9 de febrero, el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki inició un paro indefinido por supuestos daños ambientales contra las actividades exploratorias en el lote 108, propiedad de la empresa argentina Pluspetrol. Este paro desencadenó una espiral de violencia que llevó a los manifestantes a entrar a la base militar de la localidad donde la empresa almacenaba el material para realizar sus actividades.
Luego, la turba se desplegó hacia la comisaría, donde se inició un enfrentamiento que causó la muerte de Ever Pérez Huamán, estudiante de 25 años. Hubo más de 170 heridos, 32 de ellos por armas de fuego. Esta situación terminó por generar una crisis política en el Ejecutivo que forzó al presidente Ollanta Humala a hacer cambios en el Gabinete.
¿Qué hizo estallar el problema? Para entender las razones de fondo, es importante retroceder en el tiempo y analizar las características geográficas de la zona, la situación económica en la selva central, las actividades ilícitas y el rol de la empresa y el Estado.
CAFÉ DE CHANCHAMAYO
Las provincias de Chanchamayo y Satipo se consideran la primera zona productora de café. Después de la lucha contra el terrorismo, Pichanaki recibió una gran cantidad de personas de Apurímac que se dedicaron a la actividad cafetalera, lo que permitió el desarrollo de la zona.
Sin embargo, en los últimos años, la economía de Pichanaki ha sido severamente afectada por la presencia de la plaga de la roya amarilla que ha destruido los cultivos de café. De las más de 75 mil hectáreas que fueron afectadas en el 2012-2013, más de 31 mil estaban en Chanchamayo.
Como resultado de esta crisis, en agosto del 2013, los productores de café de la zona bloquearon la carretera y exigieron al Estado ayuda económica, pero esta problemática no fue debidamente atendida por el Estado.
En entrevista con El Comercio, Rubén Vargas, experto en temas de seguridad y narcotráfico dijo: “Con la roya amarilla hubo mucha desesperación que el gobierno no entendió y no salió al auxilio [de los cafetaleros]”.
El actual presidente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, considera que “el Estado tiene una posición de no diálogo, no conversación. Se convierte solo en bombero para apaciguar el incendio, pero deja el problema pendiente”.
ACTIVIDADES ILEGALES
Algunos líderes de opinión han afirmado que las raíces del problema en Pichanaki se encontrarían en el tráfico ilícito de drogas: los narcotraficantes estarían financiando a un grupo de radicales para evitar la presencia del Estado que perjudicaría sus actividades.
Sin embargo, Pichanaki no es una zona de cultivo de coca ni donde haya una fuerte presencia del narcotráfico. Si bien es cierto que este distrito es una zona de entrada al Vraem y una ruta por donde circula la coca, el verdadero problema se encuentra en San Martín de Pangoa y Mazamari, distritos ubicados aproximadamente a dos horas de Pichanaki.
Lo que sí existe en Pichanaki es una tala indiscriminada. En entrevista con El Comercio Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, sostuvo que “no hay financiamiento narco”. Él considera que “el interés es la madera y el hecho de que entre la empresa significaría que no se podría seguir con esta actividad”. Lo cual tiene cierta lógica, pues la presencia del Estado y de la empresa representaría un obstáculo para el contrabando de madera.
PUNTO DE QUIEBRE
La destrucción de los cultivos de café, la ruta del narcotráfico y la tala ilegal no nos explican por sí solas el inicio del paro de este mes. Para Julio Rojas, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo de la PCM, “hay elementos de tala ilegal y narcotráfico, pero evidentemente las fuerzas que han propiciado este paro son fuerzas antidesarrollo con una estrategia de manipulación”.
En el 2013 el Estado aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pluspetrol para hacer una exploración sísmica (inversión de aproximadamente US$75 millones). Es a raíz de la presencia de Pluspetrol en la zona que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, liderado por Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, inició un paro el 22 de setiembre del 2014.
Al cumplirse cuatro días de huelga y, ante las quejas de decenas de camioneros que no podían llevar sus productos perecibles a Lima, luego de una reunión con los congresistas Federico Pariona y Jhony Cárdenas, se acordó tener una mesa de diálogo. Esta nunca se dio.
¿QUÉ PASÓ EN FEBRERO?
Si sumamos a la ecuación el aprovechamiento de un líder con una gran capacidad discursiva (ambientalista y en contra de la inversión privada) y una excelente habilidad organizativa, tenemos la fórmula perfecta para un conflicto social.
En ese sentido, tanto Chavarría como el cura Ricardo García han acusado a la empresa Pluspetrol de contaminar el medio ambiente. Para ello, han mostrado videos y fotos de los pasivos ambientales del lote 1AB en Loreto, también propiedad de la empresa. Sin embargo, este lote lo empezó a explotar en 1971 la Occidental Petroleum Corporation y luego Petro-Perú se lo entregó a Pluspetrol, que heredó una serie de pasivos ambientales y se comprometió a remediar los que se había identificado.
Luego de recibir la aprobación del EIA del lote 108, la empresa empezó su actividad exploratoria. Según expertos consultados por este Diario, las probabilidades de afectar el medio ambiente son mínimas. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas ha evaluado la posibilidad de eliminar la necesidad de obtener un EIA para la siguiente fase.
Pluspetrol ha cumplido con los requisitos de ley. Ha hecho 134 talleres, 15 de ellos en Pichanaki, además de organizar 3 audiencias públicas y firmar 2.000 convenios con personas de la localidad.
Sin embargo, varios analistas y representantes del Estado consideran que este trabajo ha sido deficiente. En entrevista a RPP esta semana, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, sostuvo que “la empresa pudo haber hecho más para comunicar [el proyecto]”. De acuerdo con Ángel Ayala, experto en organizaciones de base, “cuando haces un taller, no significa que tienes la aprobación de la gente. Uno puede hacer mil talleres, pero eso no significa que has sido aceptado”. Para Jaime Antezana, “la empresa no ha hecho bien su trabajo con la población […], han hecho los talleres, pero han llevado solo a las personas que les conviene”.
EL ESTADO AUSENTE
El último elemento de esta compleja situación es el rol del Estado. Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú, señala que “el Estado se gasta plata en ‘roadshows’ para traer al privado y cuando este llega lo deja solo”. En la misma línea, el ex ministro del Interior Fernando Rospligliosi sustenta que “cuando un grupo de dirigentes le mete miedo a la población no hay nadie que responda […], no tienen a nadie al frente”.
En una entrevista a RPP, el experto en conflictos sociales Luis Felipe Polo señaló: “El gobierno no sabe negociar. Negocia con el primero que se le pone al frente […]. En este gobierno, como todos, no hay políticas de prevención”. El representante de la PCM Julio Rojas precisa: “Tengo que admitir que el trabajo hecho por mi oficina es importante, pero insuficiente. Hemos permitido que un grupo minoritario genere esta situación […] necesitamos una presencia más activa del Estado”. Efectivamente, en Pichanaki solo hay una posta médica y los servicios de agua y desagüe son deplorables.
COLOFÓN
Ante esta situación, el Ejecutivo tomó la decisión de enviar a dialogar a los entonces titulares de Justicia, Daniel Figallo, y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga –dos personajes cuestionados por sus presuntas vinculaciones en el caso de Martín Belaunde Lossio y de una empresa petrolera, respectivamente–. El diálogo no llegó a buen puerto y el ministro Mayorga afirmó que la empresa se retiraría en tres días. No obstante, a la fecha la empresa sostiene que no han recibido ningún tipo de comunicación del Estado.
Julio Rojas partió esta semana hacia Pichanaki con una estrategia. Para él, “de lo que se trata es de impulsar un diálogo que incluya proyectos de salud, educación y agricultura. Se va a articular un plan de desarrollo integral”.
No obstante este plan, cuando la delegación llegó a Pichanaki, el Ejecutivo permaneció en el local del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mientras un exaltado Chavarría se rehusaba a ir al local e instaba a tener un diálogo en la Plaza de Armas. Chavarría vociferaba frente a más de 1.000 personas: “Vamos a liberar al país de los que se creen los patrones. Los ministros […] no quieren venir a la plaza a hablar con nosotros y nos acusan de que nosotros no queremos dialogar”. El Ejecutivo no accedió a las demandas. Nuevamente el diálogo se frustró.
DISCURSO RADICAL
Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma nació en el distrito de Pichanaki el 27 de agosto de 1976 e hizo el servicio militar obligatorio en esta zona de 1990 a 1996, lo que le permitió conocer las necesidades de la población y la geografía.
Chavarría participó en el ‘andahuaylazo’ en enero del 2005, que cobró la vida de 4 personas. De hecho, él habría llevado a habitantes de Pichanaki para que participaran en el levantamiento. A pesar de que niega haber tenido un liderazgo en ese conflicto, fue condenado a nueve años de cárcel y estuvo recluido siete años en el penal de San Jorge.
Chavarría ha sido capaz de desarrollar un discurso etnocacerista sumamente articulado y convincente en contra de lo que él llama el modelo neoliberal y a favor de la protección del medio ambiente. En diálogo con RPP, los primeros días de febrero, declaró: “Nuestra protesta es para defender el medio ambiente, la selva central, la agricultura, y garantizar una vida digna de la población. Por ello, estamos exigiendo el retiro de la empresa petrolera Pluspetrol de la zona, debido a que tiene antecedentes de haber derramado petróleo en otras regiones”.
Ricardo García es el segundo personaje de esta compleja historia. El cura español tiene siete años en la zona y en los últimos meses ha mostrado daños ambientales en el lote 1AB, propiedad de la empresa Pluspetrol en Loreto muy cerca de la frontera con el Ecuador. Estos videos han sido ampliamente divulgados en la zona y hasta ha coordinado con profesores para mostrarlos en los colegios. En una entrevista con este Diario señaló: “Esta empresa contamina, no paga multas y compra dirigentes”.
Cuando se le preguntó acerca de las fuentes de financiamiento del Frente de Defensa Ambiental, García respondió: “El frente de defensa no recibe financiamiento, solo ‘ayudas’. No tiene dinero ni de las ONG, ni de partidos políticos” (Gabriel Daly/ El Comercio).