El Director de Asuntos Externos de la minera Yanacocha, Raúl Farfán, afirmó que la empresa no tiene temor de ir a un juicio civil con Máxima Chaupe para esclarecer conflicto de posesión de terrenos, pero es un tema que están evaluando. “Actualmente estamos en conversaciones con nuestra área legal para ver si ese es el camino que queremos seguir”, declaró al programa periodístico Cuarto Poder.
Por su parte, la abogada de la familia Acuña señaló que la posesión del terreno es un derecho válido que la familia ha adquirido. “Solo el hecho de tener la posesión los protege y ninguna persona ni la empresa, a pesar de que se crea propietaria puede irrumpir como lo viene haciendo”, expresó. Por ello, han denunciado a la empresa por usurpación agraviada y han presentado un recurso de Hábeas Corpus, para evitar el hostigamiento de la minera.
La Corte Superior de Justicia dice en su sentencia que no se debe desalojar a Máxima y su familia porque no son usurpadores agravados, y tampoco le otorga a Yanacocha la posesión de los terrenos de Tragadero Grande.
En lo que va del 2015, Máxima se ha visto amenazada por lo menos dos veces, debido al ingreso a su predio de la policía y de agentes de la empresa Securitas que brinda seguridad privada a Yanacocha.
Hace una semana, efectivos policiales de la Dinoes ingresaron a la propiedad de Máxima Acuña Chaupe, en Cajamarca, para destruir la ampliación de la vivienda que ella estaba construyendo.
HISTORIA DEL CONFLICTO
Este conflicto comenzó hace 4 años, cuando los Chaupe Acuña denunciaron ante la fiscalía de Celendín la entrada de Yanacocha a su predio Tragadero Grande. Después de que se archivó el caso, la minera resguardada de policías entró a este terreno, los intentó desalojar y los denunció por usurpación agravada, denuncia que sí prosperó.
En 1996 Yanacocha compró terrenos en esta localidad, y aseguran que Tragadero Grande es parte de estos. Sin embargo, Máxima Acuña afirma que ella compró los terrenos en 1994 y mostró los títulos de propiedad a Cuarto Poder.
En mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar que ordena al Estado peruano proteger a Máxima Acuña, su familia y a otras 46 personas que viven en riesgo por oponerse al proyecto minero Conga, de Yanacocha.
El 17 de diciembre de 2014 la Corte Superior de Cajamarca determinó que Máxima y su familia no invadieron a la fuerza el terreno de Tragadero Grande, tal como denunció la minera. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para Yanacocha.
Un recurso de casación interpuesto por la empresa contra la sentencia anterior fue declarado inadmisible en una nueva resolución de la Corte conocida el miércoles 4 de febrero de 2015.