Ampliar la aplicación de la Ley de Pèrdida de Dominio para delitos de corrupción contra el Estado sería una buena medida en la lucha contra este flagelo, sostuvo la procuradora antidrogas Sonia Medina.
En ese sentido, consideró que los actos de corrupción contra la administración pública son tan graves como los delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas, y ambos pueden poner en peligro a las instituciones democráticas en el Perú.
«Yo creo que la comercialización ilícita de droga o los actos de corrupción contra la administración pública, son delitos muy graves y deberían estar involucrados en la ley de pérdida de dominio», declaró.
De esa manera, el Estado podría recuperar más fácilmente los recursos públicos que son arrebatados por malos funcionarios y muchas veces depositados en cuentas en el exterior.
Medina, saludó la decisión del Gobierno de iniciar una lucha frontal contra la corrupción, y dijo que otra medida efectiva en ese sentido sería realizar una serie de modificaciones en el Código Penal, a fin de hacer más severas las sanciones contra los casos de corrupción, como ocurre en otros países
«Lo que tenemos hoy en el Código Penal es demasiado benevolente. Entonces todo el mundo falta a la administración pública, a las funciones, y no pasa nada», aseveró.
Mencionó el caso del alcalde de Coronel Portillo, en Ucayali, Luis Valdez Villacorta, como un caso típico en la que una autoridad política es corrompida por el poder del dinero que genera la actividad ilícita del narcotráfico. Agregó que el poder económico del narcotráfico explica en gran medida la corrupción que se vivió en la década pasada.
«Hoy esos funcionarios corruptos solamente han sido sancionados con penas suspendidas o con 4 ó 5 años, después de haberse tirado abajo poderes del Estado con sus acciones. Y ahí no hay sanción para nadie», subrayó.