El nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, doctor Antenor Gustavo Jorge Aliaga, en su primera presentación pública ante la prensa, dio a conocer su plan de trabajo para el periodo 2015 – 2016, donde destacó que impulsará la capacitación en quechua de los operadores de justicia.
Esto, considerando que Ayacucho concentra el mayor porcentaje de población quechua hablante, con el 52% aproximadamente según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de julio del 2007; que otro 35% aproximadamente entiende el idioma aun cuando no lo expresan oralmente y que 35% de los pobladores escribe el quechua y usa las terminologías modernas castellanizadas.
El titular de la Corte Superior invocó al pueblo ayacuchano para que ayude a desarrollar e implementar una sostenida política de capacitación con talleres a la que se integren quechua hablantes para una constante capacitación de los operadores de justicia.
OTROS PROYECTOS
También informó que ante la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, para el mes de julio del presente año se cumplirá con esta responsabilidad de la oralización para una mejor celeridad procesal.
“Para ello implementaremos capacitaciones dirigidas no solo a los operadores de justicia, en especial a los justiciables debidamente representados, personal jurisdiccional y administrativo, orientados a una mejor prestación del servicio de justicia”, indicó a INFOREGIÓN.
Para ayudar a ello, se tiene previsto la firma de convenios con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, dentro de esta implementación se realizara con el idioma quechua, para darle énfasis no solo a la capacitación en esta Corte Superior sino hacer extensivo a otras Cortes de la Región Sur Andina.
Igualmente, se activara un Registro de Reclamos de Usuarios en Quechua y Castellano, con personal capacitado, en una zona visible y de acceso, derivando en su caso el reclamo a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), quien aparte de sus funciones propias, liderara en cada sede provincial con los jueces, el fortalecimiento de los programas de participación ciudadana con fines de Transparencia Judicial y prevención de los actos de corrupción.