Este mes se cumplieron dos años desde la “declaratoria de guerra” a la minería ilegal por el gobierno de turno (*). El caso más visible y mediático ha sido Madre de Dios, sin embargo, este departamento no tiene a la fecha ningún minero formalizado, como es el caso de otras regiones.
Esta situación es notoria, más aun cuando esta región ha sido y sigue siendo utilizada en portadas, campañas mediáticas y en cuanto medio es posible, para ser utilizada por las autoridades como un caballo de batalla, casi literalmente para convencer a los ciudadanos de a pie que todo va bien.
Pero veamos, no sabemos cuánto han significado los diversos operativos mineros, llamados de interdicción. No sabemos cuánto dinero se ha invertido, pero si hacemos cuentas, en febrero del 2011 el primer operativo minero llevó a generar un gasto de cerca de un millón y medio de soles; y en los últimos tiempos hubo tantos operativos que ya perdimos la cuenta.
Evidentemente no es poco dinero y es dinero de todos nosotros. En ese sentido, ¿no sería pertinente usar esos recursos en medidas más efectivas qué mediáticas? Con esto no quiero decir que no se haga interdicción, pero las políticas no deben ser orientadas solo a esas acciones.
Si revisamos las políticas actuales del gobierno para enfrentar la minería ilegal, encontramos que quedan consignadas en el título del responsable de liderar este proceso, el Alto Comisionado para la Interdicción, Formalización y Remediación ambiental. Sin embargo, hagamos cuentas:
Interdicción: La incautación o destrucción de la maquinaria con la que se ejerce la minería ilegal ha tenido sus casos más resaltantes en Madre de Dios, pero también en Puno y Huánuco, ese ha sido el eje de las políticas actuales.
Formalización: A pesar de haber pasado dos altos comisionados, no hay ningún resultado que mostrar, en concreto en Madre de Dios, no hay ningún minero formalizado y eso nos lleva a reflexionar sobre el “éxito” de este proceso.
Remediación: A pesar de los progresivos mensajes mediáticos de las más de 50 mil hectáreas destruidas y contraminadas, en concreto no hay ningún instrumento que apruebe o de inicio -en concreto- a la labor de remediar o recuperar áreas degradadas y descontaminación del mercurio.
En resumen, ¿cómo va todo el proceso? Si se trata de efectividad y si pudieran trabajar sobre resultados, veremos que no hay ningún logro que mostrar. Lamentablemente, lo que en un inicio fue el proceso de formalización -que debió terminar el 19 de abril del 2014- al no haber resultados -y para no mostrar el fracaso- decidieron ampliar los plazos con un nuevo proceso de “saneamiento” que nos lleva hasta el año 2016, en concreto hasta que termine este gobierno.
¿Y el proceso? Bien gracias. Y todos seguimos perdiendo (Artículo de opinión publicado en el No.9 de la revista InfoRegión).
(*) El 22 de diciembre del 2012, el Congreso de la República dio facultades para legislar en materia de minería ilegal al Ejecutivo mediante Ley N° 29815.
Los comentarios están cerrados.