La pesca, la ganadería alto andina y la agricultura serían los sectores más afectados por el cambio climático en Perú en los próximos años, según un estudio conjunto del Gobierno peruano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el informe “La economía del cambio climático en el Perú”, presentado en la COP20, también se señaló que la hidroenergía, la minería, el turismo, la salud y la infraestructura también podrían sufrir impactos adversos por el calentamiento global.
Por su parte, Vanessa Cueto La Rosa, presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirma que los compromisos voluntarios que asumió el Perú en la anterior cita se han venido cumpliendo pero en forma parcial.
Es cierto que se dieron avances, como por ejemplo en energía, donde el Perú se comprometió voluntariamente a promover las renovables no convencionales e hidroenergías para un cambio de la matriz energética.
Los nuevos compromisos nacionales que según DAR deberían formar parte de la política de Estado a nivel obligatorio, tienen que ver con alcanzar una meta de deforestación cero y promover con mayor fuerza y efectividad una política a favor del aprovechamiento de las energías renovables.
Lo verdaderamente importante, entre todo lo trascendente que se trabajó en esta COP 20, es la posibilidad de que los Estados asuman los compromisos en forma vinculante, para que puedan ser impulsados de manera más efectiva.
No olvidemos que los contenidos deben estar listos para el 2020, pues a partir de esa fecha es que acuerdos deberán cumplirse en todos los países comprometidos con contribuir a la reducción de las amenazas que genera el cambio climático.
LA AGENDA PENDIENTE
Para cumplir con los acuerdos en torno al cambio a favor del uso de energías renovables, el Perú debe seguir implementando mecanismos que refuercen el todavía débil marco legal y brinden mayor peso al cambio de matriz energética.
A nivel de bosques, para evitar la deforestación es necesario fortalecer a las instituciones que los protegen. No olvidemos que el 47% de la tala ilegal se realiza en zonas que no tienen derechos acreditados, ante lo cual urge la titulación. Además, el financiamiento exterior para protección de dichas áreas se orienta a las que están debidamente registradas, no podemos perder esa oportunidad.
Respecto a la gestión de los residuos sólidos, hace falta promover programas en otras zonas, especialmente en la amazónica donde no hay ni un solo relleno sanitario. No olvidemos que el Perú se comprometió a tener 31 depósitos de residuos pero hasta la fecha solo ha implementado nueve. Eso se debe acelerar.
También existe la necesidad de seguir apoyando al “Fondo Verde”, que nació en la conferencia de Cancún (México) con una meta de conseguir para el 2020 un capital de 100 mil millones de dólares (pero apenas se ha llegado a 10 mil millones).
Perú ha aportado seis millones de dólares pero lo que se debe hacer es impulsar que los países más grandes –he ahí el desafío para nuestras autoridades- se comprometan con mayores fondos.
Finalmente, el enfoque de protección de los derechos humanos tiene que ver mucho con estos temas, sobre todo cuando nos referimos a las comunidades nativas y ancestrales que están asentadas en zonas de riesgo. La mitigación y adaptación también está pendiente.