El país perdió entre el 2000 y el 2011 cerca de un millón 172 mil hectáreas de bosques como consecuencia de la deforestación, revela un informe que será presentado por la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en el marco de la reunión COP20 que se realiza a partir de hoy en nuestra capital.
Según la publicación “Buenas voluntades, pocas posibilidades. Aporte para las contribuciones para el cambio climático – INDC”, que analizó información oficial del Ministerio del Ambiente (Minam), en ese lapso se perdieron unas 547,649 hectáreas de bosques en tierra sin derechos asignados así como 184,474 hectáreas de tierras indígenas y 145,168 bosques de producción permanente.
El documento analizó, además, los compromisos que asumió el Perú en 2010, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), informó DAR a INFOREGIÓN.
En ese sentido, sostiene que en aquella oportunidad se comprometió al 2021 a “emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura, a través de la conservación efectiva de 54 millones de hectáreas de bosques primarios, mediante el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) del Minam”.
Ante esta situación DAR sugiere que para alcanzar la meta planteada el 2010, el Minam debería enfocarse en salvaguardar los bosques de producción permanente y de las tierras indígenas, donde se han perdido la mayor cantidad de hectáreas.
Asimismo indica que debe contar con información actualizada y de calidad (en materia forestal) dado que resulta importante para la toma de decisiones y para llegar a la meta oficial de reducción de emisiones en 45% respecto al 2000, asumida ante la CMNUCC el 2010.
Entre las principales recomendaciones planteadas en el estudio, se señala que para hacer frente a la deforestación, es necesario promover programas que intervengan en los bosques sin derechos asignados, comenzando por atender la demanda de titulación de los pueblos indígenas.
Igualmente se debe dotar de mayor presupuesto a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, ente encargo de aprobar la clasificación de suelos por su capacidad así como de fiscalizar el uso adecuado de los mismos, así como su fortalecimiento institucionalidad y su presencia a nivel regional.
También destaca que existen diferentes iniciativas para lograr la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), no obstante están en riesgo de no lograrse, si es que primero no se resuelve los problemas estructurales sobre el uso del suelo, el monitoreo forestal y la articulación interinstitucional.