Con la asistencia de toda la cúpula dirigencial, al mando de Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, la denominada «Casa del Campesino» fue escenario de una rueda de prensa ante los medios de comunicación previamente acreditados, donde se reiteró la postura de rechazo contra todo lo que signifique minería formal, desarrollo y modernidad.
Los directivos insistieron en dejar que sean los propios comuneros quienes “escojan” su modelo de desarrollo, pero no explicaron por qué sólo habían permitido la propaganda a favor del NO, satanizando la propuesta presentada por los concesionarios mineros de Río Blanco.
Mario Tabra, otro de los autodenominados representantes campesinos, presentó un power point con imágenes, según dijo, tomadas de la propia empresa minera, señalando mapas y planos con información técnica confusa que hubiera requerido mayor explicación ante un público tan variado.
Consulta es ilegal
Otro de los oradores invitados fue Enrique Rodríguez Rodríguez, asesor legal del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que incluye tanto a los comuneros del distrito de Ayabaca como a los de Huancabamba. Pese a su posición intransigente, no pudo evitar reconocer que la consulta popular invocada por los dirigentes campesinos es un mecanismo ilegal, cuyos efectos no son vinculantes.
Pese a todo, insistió en llevar adelante el proceso como una demostración de fuerza de los habitantes del Alto Piura contra el Gobierno Central. En tanto, la dotación policial reforzada se desplegó desde el amanecer en puntos estratégicos de la ciudad.
La seguridad de las calles está a cargo de destacamentos de la Policía Nacional llegados desde Lima que, según fuentes de la propia comisaría, suman alrededor de 200, observándose a efectivos de Salvataje y del Escuadrón Verde.