Como sabemos, los últimos cuarenta años el distrito de Monzón estuvo secuestrado por narcotraficantes. El Gobierno Nacional, como en muchas otras partes del país, literalmente abandonó a este valle en 1984, cuando ordenó, por miedo a los ataques terroristas, la retirada total de la Policía Nacional. Desde entonces, las autoridades subnacionales, que nominalmente estaban presentes, y las organizaciones sociales se movieron en la lógica y con las reglas de juego impuestas por el negocio de la narcococa y del tráfico de drogas.
Precisamente, los dos últimos alcaldes de Monzón, Iburcio Morales (2006-2010) y Job Chávez (2010 – 2014), salieron de las canteras de la organización cocalera, de esa misma que aún proclama “coca o muerte”, a sabiendas que toda su producción termina convertida en cocaína. De esta manera el municipio y su presupuesto se convirtieron en la chequera sin límites que habría financiado a las frecuentes huelgas cocaleras, que entregaba a manos llenas estipendios a los apologistas de la narcococa, disfrazándolos de trabajadores, de proveedores o de alquileres de vehículos inexistentes.
Como ‘no hay mal que dure cien años ni cuerpo que los resista’, esta historia negra parece estar llegando a su fin. En los últimos años, no solo se ha derrotado al terrorismo, erradicado el 95% de la narcococa y facilitado el ingreso de varios proyectos de inversión privada; el hito de esta nueva historia se marcó en las recientes elecciones municipales, donde el pueblo montisonense ha dicho mayoritariamente ¡basta de coca y de narcotráfico, queremos vivir dignamente!.
En efecto, a pesar de la millonaria campaña re-eleccionista del candidato cocalero, se ha elegido a un ingeniero civil como el nuevo alcalde de Monzón, que propone abrir las puertas del valle a la inversión privada y promover una agricultura alejada de la coca.
Como era previsible, Job Chávez y los dirigentes cocaleros no aceptan su derrota y han solicitado la nulidad parcial de las elecciones. Obviamente que esta pataleta no tiene ningún sustento legal y fue rápidamente declarada infundada por el Jurado Electoral de Huamalíes. En los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones hará lo propio y tendrá que entregar las credenciales a su nueva autoridad.
Queda claro que los quintacolumnistas del narcotráfico y los personajes que engordaron con la pobreza del campesino van a recurrir, como siempre, a la violencia para atacar al nuevo alcalde. También, como ya lo amenazaron, intentarán utilizar la revocatoria para sacarlo del cargo.
El Gobierno Central ahora tiene la oportunidad de reivindicarse y declarar al Monzón como una zona de atención prioritaria. Se necesita urgentemente dotarla de los servicios básicos: agua potable, desagüe, asfaltado de la carretera, interconectar a sus centros poblados con trochas carrozables para que los campesinos saquen sus productos.
Necesitamos también nuevos representantes del Ministerio Público, garantes de la legalidad y no de la impunidad como ocurre hasta el día de hoy. Hay tanto por hacer, si el actual gobierno no entiende esta particular coyuntura, será responsable ante el país por el retorno de la coca y de la cocaína al Monzón.