José De Echave, economista responsable del Programa Minería y Comunidades, dijo que el resultado del actual conflicto en Piura se debe a una serie de errores cometidos por la empresa minera Majaz y el Estado, pero el más grave es que la minera no cumplió con los requisitos establecidos por ley para explorar los terrenos de esa zona.
“Hay un grave problema de ilegalidad. Para que las empresas mineras exploren terrenos de las comunidades, de acuerdo a la Ley Nº 26505, deben tener el consentimiento de la comunidad y de la asamblea comunal y la empresa que entró a explorar los territorios de Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, no cumplió con estos requisitos”, remarcó De Echave.
Además, señaló que el Ministerio de Energía y Minas, autoridad a cargo de velar y exigir el cumplimiento de la ley en el sector minero, tampoco remarcó que esta empresa había incumplido con esta norma legal. “Éste sin duda ha sido el origen del conflicto: el incumplimiento de una norma legal que está claramente establecida por la ley que promueve las inversiones en territorio de las comunidades campesinas”, dijo.
Soluciones al conflicto
Para el encargado del programa Minería y Comunidades, el Estado debería tener la capacidad suficiente para hacer cumplir las leyes. “El primer elemento para intentar solucionar este problema es empezar por exigir que la empresa cumpla con la normatividad del país”, recalcó y precisó que se debe volver a fojas cero y que una vez que la empresa cumpla con la ley, se podrán iniciar los procesos de diálogo adecuados.
De Echave reconoció la importancia de la actividad minera para el país, pero aclaró que ésta debe darse con responsabilidad ambiental y social, las empresas mineras deben cumplir con las normas del país y el Estado debe hacer cumplir dichas normas.