El desarrollo alternativo es uno de los ejes de la estrategia nacional de lucha contra las drogas para hacerle frente al tráfico ilícito de drogas. Su enfoque potencia las capacidades de las personas para mejorar sus condiciones de vida, de manera que corten o prevengan las actividades relacionadas con la producción de droga. Por ello, se trabaja de manera multisectorial con un enfoque territorial, asegurando el desarrollo económico en lugares donde las redes criminales operan. La experiencia del Monzón es un ejemplo importante de lo manifestado.
El desarrollo alternativo no solo implica la sustitución de cultivos, sino también la implementación de actividades económicas en el corto plazo; no procede unilateralmente, sino que depende de acciones coordinadas de erradicación. En las últimas décadas, el Alto Huallaga fue una de las cuencas con mayores índices de violencia asociadas al tráfico ilícito de drogas, y el Monzón, uno de los valles más afectados. El principal problema fue su articulación con los campesinos necesitados de ingresos y la dependencia económica a la producción de coca. Ello significó una deslegitimación del Estado como un actor capaz de generar oportunidades de desarrollo.
El actual gobierno decidió encarar el problema. Desde hace tres años, se buscó recuperar la zona a través de operaciones policiales, devolviendo la provisión de la seguridad al Estado. La captura de ‘Artemio’ es, en ese sentido, emblemática. Se cortó la dependencia económica al cultivo de coca y se inició la erradicación. Terminada esta etapa, se implementó el plan poserradicación con base en dos componentes: seguridad y desarrollo alternativo. Luego vino la fase de socialización, que acerca los servicios públicos a los ciudadanos para atender las necesidades inmediatas.
A corto plazo se brinda seguridad alimentaria, y al largo plazo se trabaja en el desarrollo alternativo. La población local firmó actas de compromiso para no resembrar coca y el gobierno respondió con remodelación de centros educativos, rehabilitación de circuitos viales, instalación de comisarías e implementación de programas sociales. Se formaron juntas vecinales y asociaciones productivas que cuentan con asesoría técnica y de gestión empresarial.
El liderazgo de Devida ha sido fundamental para enhebrar el complejo tejido social que dejó la coca, así como para recuperar el importantísimo factor confianza. Así, la experiencia en el Monzón se visualiza en indicadores concretos. En el 2011, los cultivos de coca en el distrito del Monzón eran mayores a 7 mil hectáreas. Ahora, la coca en esa zona apenas supera las 200 hectáreas. A la fecha, 133 caseríos y 2.498 familias, aproximadamente, se han comprometido a no resembrar coca. Ello se traduce en 2.376 hectáreas de cacao y 1.438 hectáreas de café comprometidas y en la instalación de 1.368 unidades de biohuertos.
Esta experiencia se suma a otras que se vienen impulsando en diversas zonas del Perú, lo que ha hecho que en los últimos tres años se avance en prevenir y controlar la oferta de drogas cocaínicas. El resultado de este compromiso a escala nacional fue calificado por las Naciones Unidas de un “quiebre histórico”.
Estos son los logros del presidente Ollanta Humala y de una población que lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Es el resultado del trabajo integral por parte del Estado, que viene implementando políticas públicas que ven al desarrollo alternativo como un mecanismo eficiente para la inclusión social. La valla para el 2016 va a ser, felizmente, alta.