La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, declaró en entrevista al diario El Comercio, que los conflictos entre los pobladores y las mineras se deben a que en el sector medioambiental no existen funcionarios capacitados a nivel central y regional, ni mucho menos una Autoridad Autónoma Ambiental.
Agregó que estos problemas afectan las inversiones en el país. “El Perú, que estaba altamente *rankeado* como receptor de inversión, ha bajado una cantidad importante de puestos en un año. Es el resultado inmediato de un Estado que no funciona.
El inversionista no puede quedarse solo frente al ciudadano, en especial si es una comunidad pobre o nativa”, recalcó Merino. Además, la funcionaria señaló que el Estado tiene que ser ese árbitro neutro, debe tener credibilidad y poder zanjar cuando se habla de que hay contaminación.
Explicó que si existiera una autoridad ambiental autónoma con credibilidad, podría informar, tras hacer sus estudios, que en tal caso no hay contaminación. Criticó el modelo sectorial, donde la autoridad está metida dentro del Ministerio de Energía y Minas, que promueve la inversión, y destacó que precisamente el 98% de conflictos se dan por denuncias de contaminación del agua o porque los comuneros creen que las mineras les quieren quitar el agua que usan para la agricultura.
La Defensora advirtió que el Estado es percibido como un ente interesado en la inversión pero distraído protector del medio ambiente.
Estado debe promover consenso
Respecto al conflicto con la minera Majaz, Merino estimó que constreñir ese tema a una consulta es un error, pues el problema se inició hace seis años, cuando los comuneros denunciaron que estaban ingresando a su territorio inversiones sin autorización, pues la empresa no contaba con permisos.
“En el informe que emitimos en noviembre pasado, dijimos que el Ministerio de Energía tenía que tomar acciones para promover un consenso. Pero no se hizo y ahora en la última semana todos opinan si la consulta es válida o inválida, cuando en realidad estamos ante el último capítulo de una tragedia”, alertó Merino.
La Defensora puntualizó que su institución no será veedora de ese proceso pues se trata de una consulta promovida por las organizaciones no gubernamentales privadas y no por entidades del Estado, pero aclaró que podría mediar si todas las partes lo solicitan.