La dirigente de la comunidad Asháninka de Perú, Ruth Buendía, se quejó hoy de que siga vigente el «mito» de que los indígenas están en contra del desarrollo, lo que consideró una «mentira» que se utiliza para mantener a estas comunidades al margen de la toma de decisiones políticas.
La dirigente de la comunidad Asháninka de Perú, Ruth Buendía, se quejó hoy de que siga vigente el «mito» de que los indígenas están en contra del desarrollo, lo que consideró una «mentira» que se utiliza para mantener a estas comunidades al margen de la toma de decisiones políticas.
«Los indígenas estamos abiertos a proyectos o inversiones que contribuyan al desarrollo de nuestras comunidades. Sólo pedimos que se nos tenga en cuenta y se nos consulte», afirmó en una entrevista a Efe Buendía, presidenta de la organización CARE (Central Asháninka del Río Ene).
Buendía, que se encuentra en Madrid para contar la historia Asháninka marcada por la violencia de Sendero Luminoso, señaló que el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, consagrado en varios tratados internacionales, ha sido obviado por sucesivos gobiernos en su país.
Con base a ese derecho, recogido en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por Perú, Buendía consiguió paralizar una concesión para la construcción de dos represas que hubieran separado a los indígenas que viven en la cuenca del Río Ene, en la Amazonía peruana, donde ella nació.
«El proyecto se aprobó sin la obligada consulta previa a las comunidades que habitaban en la zona», recordó Buendía, que no sólo logró frenar esa obra, sino también que Perú aprobara una ley nacional que contemplara la consulta previa a los indígenas.
Por esta lucha, Buendía logró el pasado abril el premio ambiental Goldman y también se le concedió este año el galardón Bartolomé de las Casas, que concede el Ministerio de Exteriores de España y la Casa de América por su labor en defensa de los derechos humanos.
La líder Asháninka también denunció que cuando el Estado aprueba proyectos de ese tipo no van acompañados de estudios de impacto ambiental «pernitentes y fiables», ya que «suelen hacer un corta-pega de otros estudios realizados en zonas urbanas, que no tienen nada que ver con la realidad de la selva».
A pesar de estos problemas, Buendía reconoció que desde la llegada del presidente Ollanta Humala al poder en 2011 se ha dado una «nueva disposición» a escuchar los reclamos de los pueblos indígenas, que todavía es, a su juicio, «insuficiente».
«El Estado todavía se resiste a nuestras propuestas y peticiones. Aún hay mucha desconfianza de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros», aseveró.
También lamentó que en el Congreso de Perú sólo haya un congresista indígena, «un importante obstáculo para visionar la realidad de estas comunidades», y reclamó la necesidad de vertebrar un movimiento político indígena.
«En los ocho años que llevo de lucha por los derechos de los indígenas me he dado cuenta de que es muy importante. No sólo estar en el Parlamento para realizar iniciativas efectivas, sino tener también profesionales en ministerios», afirmó.
A su juicio, el primer paso para que los indígenas puedan integrarse en la vida política es la educación, el «principal reto» de estas comunidades porque, en general, hay un único maestro para todos los niveles de la enseñanza básica, un «lastre» porque no permite que los niños tengan «una formación específica y adecuada a su edad».
Este hecho también supone un impedimento para los jóvenes que quieren ir a las zonas urbanas para recibir una educación secundaria, universitaria o técnica.
«Lo que pedimos es igualdad de oportunidades para tener la capacidad de elegir. Yo soy enemiga de la asistencia social sólo por el hecho de ser indígenas», aseveró.
Buendía, nacida en la comunidad Asháninka de Cutivireni, en la región de Junín, en el centro de Perú, y sufrió el desplazamiento forzado junto a su madre y sus hermanos después de que su padre fuera asesinado como consecuencia de la violencia que desató en la zona el grupo Sendero Luminoso desde los años ochenta.
Se instaló con su familia en la ciudad de Satipo y en 2003 comenzó a trabajar como voluntaria para CARE, lo que le permitió retornar a su comunidad y conocer la situación en al que vivían, trabajo que ahora conjuga con su labor como madre de cinco hijos y sus estudios universitarios en Derecho.
Fuente: Sara Gómez Armas, EFE. Tomado de www.wradio.com.co