El Director General del Instituto de Defensa Legal (IDL), Hans Landolt, mostró su satisfacción con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5 000 ciudadanos y un grupo de congresistas de la República contra diversos artículos de la Ley N.° 28925, que intentaba regular el funcionamiento de los Organismos No Gubernamentales, ONGs.
“Creo que la sentencia ha dejado en claro que la modificatoria de la ley del APCI, de diciembre del año pasado, era absolutamente innecesaria porque ya existe un nivel de fiscalización acorde con la Constitución y era incorrecto extenderla al ámbito de la contratación entre privados”, explicó a INFOREGION.
Para Landolt, la sentencia del Tribunal Constitucional da la razón a la esencia de la demanda y ratifica que la Ley pretendía en realidad extender las atribuciones del APCI a un nivel de intromisión que hubiera sido pernicioso para la actividad de las ONGs.
Por ello, sostuvo que en el aspecto de la lucha contra la corrupción, la sentencia del TC es clave, pues “se ha desvirtuado ese argumento de que lo que las ONG pretendían era evitar la fiscalización y la transparencia, queda claro que no es así, que se sostendrán y se mantendrán los organismos de fiscalización preexistentes pero que no es constitucional que una oficina del Gobierno se entrometa en las iniciativas que diferentes actores privados tengan en común”.