La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que la consulta popular convocada por las autoridades locales de Ayabaca, en Piura, contra las operaciones de la minera Majaz en la zona no debe implicar un veto a las actividades de la minera, sino que más bien debe allanar el camino para llevar a cabo una gestión viable y de desarrollo en la zona.
Para la Defensoría, la consulta popular es válida sólo si propicia el diálogo y el consenso entre la minera y la población, pero detalla que este mecanismo no significa que las comunidades puedan vetar las operaciones de la minera.
La consulta popular, promovida por las autoridades locales de los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Paicapampa para el próximo 16 de setiembre, reclamando el cese de las operaciones de la mina Majaz por ocasionar daños al medio ambiente, fue asimismo rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones que advirtió que carece de carácter oficial por no haber sido canalizada a través de los órganos electorales.
En igual sentido, se pronunció el vice ministro de Minas, Felipe Isasi, para quien la consulta sólo es valida para enfocar y discutir temas vecinales pero no cuando se trata de decidir sobre los recursos del subsuelo que son propiedad del Estado.
Mientras tanto, el clima de tensión se sigue incrementando en la zona. INFOREGIÓN dio cuenta ayer de la toma violenta de las carreteras y caminos de trocha que dan acceso a la mina por parte de los ronderos de la zona, quienes en reciente asamblea decidieron impedir a toda costa las operaciones de la mina y han iniciado una persistente campaña en los medios radiales para que se imponga en la consulta popular el “No a la contaminación minera”.