El narcotraficante Carlos Mendoza, quien se encargó de acopiar las 7 toneladas de cocaína y el carbón para camuflarlas, era quien pagaba mes a mes el alquiler de la residencia del congresista José León en Huanchaco.
Nuevos videos de seguimiento policial obtenidos por Caretas muestran la relevancia que tenía el trujillano Carlos Mendoza Rodríguez en la organización de narcotraficantes que dirigía desde Huanchaco, en Trujillo, el prófugo capo mexicano Rodrigo Torres, alias ‘LIC’ o ‘Licenciado’.
En las imágenes se ve a Mendoza, de 40 años, ingresando y saliendo constantemente de la casa de playa del congresista José León, que tenía como verdadero inquilino a ‘LIC’, y reuniéndose con Rubén Larios Cabadas y Jhoseth Gutiérrez, los otros dos mexicanos miembros del cártel.
Mendoza, Cabadas y Gutiérrez, así como otros cinco peruanos, fueron detenidos el 26 de agosto pasado, cuando la Policía allanó un depósito de Huanchaco donde encontró 6.7 toneladas de cocaína de la más alta pureza, el mayor cargamento de droga jamás descubierto en la historia peruana.
Según la Policía, Mendoza era el ‘cajero’ del cártel de Huanchaco: movía el dinero negro de la organización y compraba el carbón de piedra en La Libertad para acondicionar la droga proveniente del VRAEM y del Huallaga.
Era, además, el gerente de Betas Andinas del Perú SAC, la empresa de fachada que acopió el descomunal cargamento de cocaína para exportarlo a Europa.
El papel de Mendoza, actualmente preso en el penal de Piedras Gordas en Ancón, ha cobrado interés, luego de que la Policía descubriera una singular triangulación entre él, el capo mexicano ‘LIC’ y el congresista José León.
De acuerdo con las investigaciones en curso, el alquiler de la casa del vocero de Perú Posible no corría por cuenta del mexicano Torres ni de su empleada de limpieza, Lucía Villavicencio Ruiz, quien firmó el contrato de arrendamiento a pedido de ‘LIC’ y del parlamentario (CARETAS 2353 – Con Pies de Plomo) .
Desde abril del 2013 –fecha en la que el prófugo mexicano ocupó el inmueble de la avenida La Rivera 340, en la zona más exclusiva de Huanchaco–, quien pagaba directamente los 1,200 dólares al mes por la residencia del congresista de Perú Posible era Carlos Mendoza, el ‘cajero’ de la organización de narcotraficantes más grande de los últimos tiempos.
DOS TESTIGOS
En todos sus descargos públicos, por cierto, León no contó que quien le abonaba mes a mes el alquiler de su casa de playa era el narco Mendoza. Quizá para evitar que se especule sobre la posibilidad de que dinero negro del narcotráfico haya entrado directamente a sus cuentas bancarias.
Quienes sí lo hicieron, sin embargo, fueron la empleada doméstica Lucía Villavicencio y su propia esposa, Gladys Alva de León. En su declaración brindada a la Policía y a la Fiscalía en Trujillo, Villavicencio aseguró: “El alquiler de la casa fue por el monto de 1,200 dólares que eran pagados al mes, pero de esto se encargaba el señor Carlos Mendoza, a quien le decían ‘Charly’. Yo no pagué nada en ningún momento”.
Por su parte, la esposa del congresista León testificó al fiscal contra el crimen organizado Manuel Castro Sánchez, el miércoles 24 pasado, que ella solo estampó su firma en el contrato de alquiler de la casa de playa.
Según la esposa del parlamentario, fue el propio vocero de Perú Posible y el administrador de sus bienes, el exconvicto por robo agravado Santiago Alexander Olea Bernales, quienes se encargaron de afinar todos los detalles del arrendamiento del inmueble y del cobro de las mensualidades.
Ambos recibían el dinero directamente de Carlos Mendoza, el hombre encargado de adquirir el carbón y la droga para despacharla a Europa.
Caretas intentó comunicarse con el congresista León para solicitar su versión de los hechos. Su asesora de prensa señaló que el legislador no formularía declaraciones y agregó que “decir lo que su esposa o él han dicho ante el Ministerio Público sería romper una investigación reservada”.
EL ENCUBRIMIENTO
En vista de que ‘LIC’ y sus secuaces los mexicanos Rubén Larios y Jhoseth Gutiérrez evitaron aparecer firmando documentos y realizando transacciones para despistar posibles seguimientos de las unidades de inteligencia, fue Mendoza quien ejecutó las operaciones del cártel.
Constituyó Betas Andinas del Perú SAC, en el 2012, y reclutó a los huanuqueños Luis Tinta Jara y Néstor Herrera Villanueva para operar la otra compañía de la organización: Alfa y Omega Comercializadora y Distribuidora del Perú, encargada de adquirir el carbón de piedra que luego era sometido a un delicado proceso químico para acondicionar la droga.
Según la Policía, Mendoza también habría tenido la tarea de adquirir la cocaína de hasta siete proveedores diferentes del VRAEM y el Huallaga. Las toneladas de cocaína fueron trasladadas por tierra desde ambos valles cocaleros –dos de las zonas más militarizadas del país– hasta cinco depósitos en Huanchaco, burlando todos los controles policiales y de inteligencia.
La versión oficial brindada a la prensa por el propio ministro del Interior, general EP (r) Daniel Urresti, señalaba que la droga incautada en Huanchaco pesaba en total 7.6 toneladas.
Sin embargo, un examen practicado por ocho peritos químicos, una fiscal y dos coordinadores de la Policía en el laboratorio del almacén del Ministerio del Interior, el 2 de setiembre pasado, arrojó 900 kilos menos de la versión original: 6.7 toneladas de peso neto.
Urresti ensayó una justificación: declaró que hubo un peso bruto de cuando se produjo la incautación y un peso neto de la “droga purita”, cuando se realizó el pesaje milimétrico.
La droga iba a ser despachada desde el puerto del Callao a Europa, donde el valor estimado de esas 6.7 toneladas de cocaína es de US$ 400 millones. Mendoza, el ‘cajero’ del cártel, será interrogado por la Fiscalía la próxima semana y luego de ello se ampliará la testimonial del congresista León.
Del mismo modo, la Comisión de Ética del Parlamento acordó por unanimidad iniciar investigación a León porque –pese a que el congresista asegura que desconocía de las actividades ilícitas del mexicano Torres– se acumulan los indicios de que habría participado de un “concierto de voluntades” para encubrir a su arrendatario por alguna inexplicable razón.