Los campesinos que producen hoja de coca en la zona boliviana del Chapare o trópico de Cochabamba (centro), el feudo sindical y político del presidente Evo Morales, plantearon un impuesto de 0,71 centavos de dólar por cada 22,6 kilos de la planta cultivados legalmente, informó hoy una fuente oficial.
En un congreso reciente, el sindicato conocido como las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba aprobó «pagar un impuesto de cinco bolivianos (0,71 centavos de dólar) por 50 libras (22,6 kilos) de coca», dijo en rueda de prensa el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.
Añadió que se plantea que el dinero recaudado mediante ese tributo vaya a «fortalecer la lucha contra el narcotráfico». Ese sindicato es uno de los principales gremios de cocaleros de Bolivia y es dirigido desde hace 18 por el presidente Morales, aunque él asegura que se trata de una designación simbólica.
Según Cáceres, la propuesta de los cocaleros del Chapare es analizada actualmente por los productores de coca de la zona tropical de Los Yungas, en La Paz. Agregó que los cocaleros «tienen que tributar» porque «lastimosamente la coca excedentaria» existente en el país «va alimentando al narcotráfico». Perú, Colombia y Bolivia son los principales países productores de hojas de coca y de su derivado ilegal, la cocaína.
La hoja de coca tiene en Bolivia usos culturales, religiosos, medicinales e industriales, pero además una parte de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína. La ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas solo reconoce como legales 12.000 hectáreas de coca de Los Yungas, pero en Bolivia existen 23.000 hectáreas, parte de ellas en el Chapare, según datos a 2013 difundidos en junio por la UNODC.
«El desafío que tenemos como cartera de Estado para el próximo año es llegar a las 20.000 hectáreas», afirmó hoy Cáceres. Indicó que en lo que va del año se han destruido 6.859 hectáreas de cultivos ilegales de la planta, superando la meta anual de 5.000 hectáreas fijada en la legislación antidroga para esa operación.
Según la autoridad, el Gobierno ha logrado un «control territorial de la producción de coca», por lo que en la próxima gestión se plantearán nuevas leyes para regular el cultivo de la planta y la lucha contra el narcotráfico.
Actualmente ambos aspectos están incluidos dentro de una misma ley, pero el Ejecutivo apunta a crear una norma para la producción de hoja de coca y otra para la lucha antidrogas. El Gobierno ha expresado varias veces su deseo de elevar de 12.000 a 20.000 las hectáreas permitidas legalmente, aunque un estudio financiado por la Unión Europea y el mismo Ejecutivo estableció que Bolivia no necesita más de 14.705 hectáreas para cubrir la demanda de la planta para usos legales.
El presidente Morales afirmó en julio pasado que en su próximo Gobierno, que está seguro de ganar en los comicios de octubre, se consolidará la legalización de los llamados «catos» de coca del Chapare, que son parcelas de 1.600 metros cuadrados (Infolatam).