Debido a la sobrecarga judicial, existe un peligroso estancamiento en el desarrollo de muchos procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos, advirtió el adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna.
En declaraciones a la Agencia Andina, Vega dijo que a raíz de esta situación algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) dadas en materia de justicia no se cumplen adecuadamente. Precisó que en este último año sólo se inició un proceso penal contra la violación a los derechos humanos de la comunidad de Sancaypata, Ayacucho.
Este hecho difiere de lo ocurrido en los últimos tres años, lapso en el cual se abrieron un total de 28 procesos penales, acotó. Agregó que existen otros 29 casos que permanecen estancados en investigación preliminar desde que la CVR presentó su informe final en el año 2003.
«El estancamiento, la dilación y el excesivo retraso en materia judicial se debe a la recarga en las labores del Ministerio Público. Por lo mismo, hemos recomendado que estas fiscalías tengan dedicación exclusiva para casos de derechos humanos», manifestó.
No obstante, Vega destacó que en este último año, se emitieron sentencias favorables para las víctimas de las matanzas de Lucanamarca y Chuschi. Asimismo, dijo que la Sala Penal Nacional dictó algunas resoluciones que crearon jurisprudencia en materia de personas desaparecidas.
Finalmente, reiteró su llamado al Gobierno para crear una unidad especializada en la defensa legal de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, explicó que existen 560 víctimas comprometidas en los 29 procesos judicializados, de las cuales 250 no cuentan con abogados defensores.