Al menos, desde el 2004, el abogado y empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo dirigiría una organización dedicada a apoderarse de inmuebles y terrenos de particulares y de instituciones del Estado mediante deudas y procesos de liquidación simulados, documentos falsos y arbitrajes fraudulentos.
Paralelamente, Orellana manejaría una red de empresas con las cuales blanquearía dinero obtenido con esas actividades ilícitas y probablemente, de fondos provenientes del negociado del narcotráfico y el tráfico de tierras y de personas con operaciones bancarias que llegan hasta Panamá y China.
Esto es lo que señala una larga investigación de la fiscalía que se remonta al 2005, cuando la procuraduría del Ministerio de Educación descubrió que se estaba apropiando de terrenos en San Borja destinados a la construcción de colegios.
En 2009, la procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de la doctora Julia Príncipe, tomó la investigación al detectarse que el caso era complejo y que las víctimas de las operaciones de Orellana se multiplicaban por todo el país.
El Scotiabank, el Hospital Hermilio Valdizán, la Fundación por los Niños del Perú, Alianza Lima, la Municipalidad de La Victoria, Giovanni Paredes, la familia Canales Cayo, la SBS y la Sunat, están entre sus víctimas.
SUS PROTECTORES
Las actividades cuestionables de la organización de Orellana fueron creciendo. Por un lado, jueces, notarios y registradores públicos negligentes que avalaban documentos de dudosa originalidad o paralizaban los intentos de investigar sus actividades. Por otro lado, las conexiones del empresario con personajes públicos como el congresista Heriberto Benítez y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca, con quienes formó las Asociaciones Civiles Juez Justo, con programas en radio, televisión, una revista; y Unidos Contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos (Ucona).
En 2010, Orellana, a través de su Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras, Coopex, firmó un convenio con la mesa directiva del parlamento para prestar dinero a los trabajadores del legislativo.
LAVADO FISCAL
En 2011, uno de los directivos de esta cooperativa, Daniel Ramsay Romero, fue nombrado como el principal asesor del fiscal de la Nación, José Peláez.
A insistencia de la procuradora Príncipe Trujillo en agosto del 2011, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada acogió la denuncia contra Orellana por lavado de activos, pero al cabo de un año, el fiscal provincial Luis Arellano la archivó y entregó al investigado el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que estaba prohibido.
En abril del 2013, la fiscal superior Rosa Flores Chávez reabrió la investigación. El voluminoso expediente fue encargado al fiscal provincial adjunto Miguel Toyohama, a quien en los meses siguientes le cayeron hasta siete hábeas corpus en Áncash, Trujillo e Iquitos para paralizar la investigación.
Aunque la mayoría de demandas fueron desestimadas, una, acogida por un juez de Atalaya, Ucayali, en noviembre del 2013, obligó a separar a Orellana de esta investigación.
En febrero último, la sentencia de hábeas corpus fue anulada por la Sala Penal de Vacaciones de Ucayali, permitiendo que en mayo último, la fiscalía supraprovincial de Lavado de Activos reabra el caso.
MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo actúa Orellana? El mismo abogado explicó su modus operandi en una conversación con el apoderado en el Perú de la firma Dustin Zacher, a quien le pidió ser su socio. Los audios de esta conversación fueron revelados por la revista Caretas, en marzo del 2011.
Orellana le dice al apoderado que tiene que firmar un contrato con «x». En este contrato se obliga a entregar la posesión de un terreno que no tiene, pero que nadie sabe que no tiene. Luego incumple, porque no entrega la posesión, pero en el contrato se incluye una cláusula de arbitraje.
«Yo tengo árbitros acá, el señor Iglesias es árbitro de la Cámara de Comercio de la Universidad Católica. Entonces hacemos un juicio arbitral con fechas pasadas, con notificaciones. Se saca un laudo, en el que va a estar consentido todo. Se va a una notaría; esta lo eleva a escritura pública y con eso vamos a cualquier juez que tenemos», explicó Orellana.
CASO SCOTIABANK
El Scotiabank habría perdido unos 3,5 millones de dólares a manos de esta organización. Una persona se acerca al banco y obtiene un crédito, dejando como garantía un inmueble. Luego el inmueble es cedido en pago por una deuda anterior a otra persona que está sometida a proceso de insolvencia en alguna de las empresas liquidadoras de Orellana: Aladem o Delta.
La empresa liquidadora incluye el inmueble en la masa a liquidar, levanta las hipotecas y vende el inmueble a una inmobiliaria que desconoce todo el tinglado u otro testaferro, y cuando el banco quiere cobrar, no queda nada.
SUBASTAS FRAGUADAS
En uno de los terrenos que intenta arrebatar al Ministerio de Educación, en las Praderas de la Molina, se llegó a simular un proceso de subasta de Proinversión que se adjudicó Carlos López Noriega. Entonces aparece un tercero, Óscar Ferrer, quien reclama una deuda en efectivo a López Noriega. Este acepta pagar cediendo el terreno y luego tramita ilícitamente su propio fallecimiento. Antes, López Noriega vuelve a trasferir el inmueble a Wilmer Arrieta Vega, quien demanda en cualquier juzgado que se le otorgue el título de propiedad.
Mientras tanto, López Noriega sigue vivo y obtiene un nuevo DNI y una nueva identidad. Otro supuesto muerto, Hermógenes Cabrejos Sánchez y supuesta deudas impagas, son usados por la organización para registrar a su nombre el terreno del Hospital Hermilio Valdizán. Antes de morir Cabrejos Sánchez adquiere un préstamo en efectivo, que se cobra con un arbitraje donde se acepta el terreno en dación de pago y luego se va a un juzgado civil, para que ordene la transferencia en registros públicos.
En otros casos, como le sucedió a Sack y la Fundación por los Niños del Perú, les alquilan el inmueble, se simulan arreglos cuantiosos y se quedan con la casa por esa supuesta deuda que va creciendo, hasta que tendrías que volver a comprarla o pierdes el inmueble.
EL MAYOR QUERELLANTE
Rodolfo Orellana se define como el mayor comprador de inmuebles litigiosos a nivel nacional, lo que en su opinión le ha generado muchos enemigos. «Lo que nosotros hacemos es comprar empresas o propiedades que tienen algún problema legal de saneamiento, de titulación y para nuestra suerte hemos tenido mucho éxito y eso nos ha generado muchos enemigos», afirmó en una entrevista para La República, en 2011.
Adicionalmente, desde el 2010 se ha convertido en el mayor querellante de periodistas y medios de comunicación, que han informado de sus actividades y recogido las denuncias de sus víctimas. Pero, no solo periodistas también de los funcionarios públicos que han querido investigarlo, como la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe o el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza.
El 2011 dijo estar dispuesto a ser investigado, pero sus abogados han presentado hábeas corpus para evitar indagaciones.
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