El congresista aprista Aurelio Pastor denunció hoy que los operadores políticos del presidente Venezolano Hugo Chávez, entre ellos Ollanta Humala y Elsa Malpartida del partido nacionalista, actúan en el país con total impunidad e irresponsabilidad, prestándose a sus intenciones de alentar el caos y la violencia en el país para imponer un modelo de desarrollo que no le conviene al Perú
“Yo sí veo la mano de Hugo Chávez y de sus operadores en este clima de violencia, actúan con absoluta irresponsabilidad e impunidad, Chávez está tratado de recuperar al Perú como un país de influencia y para ello utiliza a gente como Humala y Malpartida que se prestan a sembrar el caos para demostrar que ni el país ni sus instituciones funcionan e imponer un esquema político que sólo nos traerá mayor violencia y pobreza” argumentó.
Delito flagrante
En conversación con INFOREGION, Pastor lamentó asimismo la violenta actuación de la congresista Elsa Malpartida contra trabajadores del Corah y criticó que la policía no la haya detenido y puesto a disposición del Congreso de la República en delito flagrante. “Lo hecho por Malpartida trastoca el comportamiento que debe tener un representante del estado, es delincuencial alentar la violencia de manera directa como lo ha hecho y alentar el robo, es algo realmente vergonzoso”.
Se le debió detener de inmediato y ponerla a disposición del Congreso, la policía actuó muy mal, ahora, hay que esperar que el Poder Judicial pida el levantamiento del fuero parlamentario al Congreso, porque ella podrá ser Parlamentaria Andina, pero el fuero le corresponde levantarlo al Congreso de la República.
Erradicación de coca ilegal no puede parar
Aurelio Pastor señaló asimismo que el estado no puede parar la erradicación de cultivos de coca ilegal que es permanente “y menos en esos lugares donde se ha descubierto que existen pozas de maceración en los alrededores y demuestra claramente cual es la relación entre los cultivos de coca y las pozas de maceración donde se produce el clorhidrato de cocaína” precisó.
No es posible que el estado pare las actividades de erradicación, debe seguir haciendo, lo que pasa es que se debe compensar entre lo que es la parte represiva y de lucha contra el narcotráfico con la parte social y de apoyo a los agricultores.
“Es cierto que la mayoría de los cocaleros viven en condición precaria y en pobreza y que el estado tiene la obligación de darles una alternativa, pero esa alternativa no pasa de ninguna manera por la suspensión de los procedimientos de erradicación, en ese tema tenemos que ser bien claros” concluyó.