Avances y retos de las Autoridades Regionales Ambientales

En octubre de 2011, las regiones de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Amazonas, en el marco del Consejo Interregional Amazónico – CIAM asumieron compromisos para trabajar por la gestión sostenible de la Amazonía peruana, suscribiendo la Declaración Grey Towers; uno de éstos fue la creación de las Autoridades Regionales Ambientales – ARA para la gestión integrada de los recursos naturales, medio ambiente y territorio, que garantizaría una mejor planificación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El balance a la fecha es dos regiones amazónicas con ARA implementadas (San Martín, 2010 y Amazonas, 2013), dos regiones elaborando sus instrumentos de gestión para implementarlas (Ucayali y Madre de Dios) y una región sin ARA (Loreto).

Para lograr cambios a través de estas autoridades, se han identificado algunos retos; entre ellos, un análisis concienzudo de competencias y funciones vinculadas a territorios, recursos naturales y ambiente de los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) con incidencia sobre el ámbito regional, no solo para diseñar una estructura que responda al enfoque integral del territorio, sino para identificar los cambios estructurales que deben darse en el país y que resulten más efectivos en el logro de los objetivos de las ARA.

Es importante vincular en el proceso de implementación de las ARA a los actores relacionados, así como considerar los procesos de modificación normativa, como el marco legal e institucional forestal; pues permite identificar e incidir en funciones forestales poco claras y también determinar los mecanismos de coordinación para el desempeño de funciones compartidas, entre otros aspectos. Otro reto es generar las capacidades y asegurar los fondos para que esta nueva autoridad ejerza adecuadamente sus funciones.

En conclusión, la implementación de las ARA permitiría proponer cambios de fondo en materia de territorio, recursos naturales y ambiente, siempre que se analice en su real magnitud vinculándolo con mejoras normativas e institucionales y previendo la implementación de mecanismos efectivos que permitan la coordinación entre distintos niveles de gobierno y su empoderamiento.