Flavio Mirella, representante de UNODC en Perú y Ecuador, enfatizó en que los gobiernos deben “golpear donde más les duele” a las bandas delictivas del narcotráfico, quitándoles los bienes y la capacidad operativa, como lo permite la Ley de Pérdida de Dominio que se implementa en el país, de modo que retrocedan en su actuar ilícito que perjudica tanto a las sociedades de varios países.
El representante de la UNODC dio estas declaracione, en diálogo con INFOREGIÓN, luego de la presentación del estudio analítico “Sentencias Penales sobre el Desvío de Sustancias para la elaboración ilícita de Drogas”, realizado por Michel Diban, experto internacional y consultor del Proyecto Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe (Prelac), estudio que se llevó a cabo con financiamiento de la Unión Europea.
Según el documento, existe poca aplicación de la ley penal sobre el delito por desvío de insumos químicos destinados para el narcotráfico. Se realizó en 17 países de América Latina (entre ellos Perú) y El Caribe y solo se encontraron alrededor de 180 sentencias al respecto.
Esta cifra puede dar la sensación de impunidad, dijo Mirella, por ello se debe enfatizar en los puntos de desvío en todos los países, pues se sabe que esas sustancias terminan yendo en grandes cantidades al narcotráfico.
“Habría que seguir trabajando para contar con más casos para que se marquen las pautas de que hay repercusiones serias, las multa son suelen disuadir, hay que golpearlos donde más les duele, hay que quitarles los bienes y la capacidad operativa”, precisó.
Indicó además, que los delitos de desvío de sustancias químicas no solo abarcan a los países donde hay producción de hoja de coca sino que también es en países donde se producen sustancias sintéticas, “entonces no es solo coca sino todos los precursores ligados a la fabricación de drogas ilícitas”, sostuvo.
En el Perú, según el estudio, se encontraron un total de 11 casos con sentencia, “los cuales fueron un trabajo muy fino hecho con la Procuraduría, el Poder Judicial y la Fiscalía, que nos indican que sí hay una jurisprudencia existente; sin embargo hay que ahondar un poco más en otros casos que no hayan llegado a otro tipo de sentencia”, precisó Flavio Mirella.
Finalmente, dijo que si bien el que solo se hayan encontrado 180 sentencias puede dar la sensación de impunidad, el estudio es un compendio de casos que pueden ser compartidos entre los países para facilitar un mayor trabajo conjunto y una colaboración en término judicial.
Participaron en la presentación del estudio, además, Helena Guarin, de la delegación de la Unión Europe; José Pariona Pastrana, juez de la Corte Suprema del Perú, y el autor del análisis, Michel Diban.