La política pública debe estar basada en evidencias, es decir, debe sustentarse en información fáctica sobre la base de datos confiables, comparables y armonizados.
Hoy en día las estadísticas no son un recurso de segundo nivel, sino por el contrario proporcionan una riqueza de información que permite visibilizar los problemas, escenarios, tendencias y proyectar el futuro. Las políticas públicas requieren de ellas, para la toma de decisión, diseño, monitoreo y evaluación.
Pero también cumplen una función importante en el fortalecimiento de la gobernabilidad, pues contribuyen con la transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Por lo tanto para ser confiables, requieren su armonización, comparabilidad y transparencia, de tal forma que no quede duda sobre su veracidad.
Las cifras sobre la trata de personas en el país, provienen aún de diferente fuente y tipo de registro. Consecuentemente mientras subsista el alto sub registro por deficiencias en la identificación de casos o por la falta de acceso de las víctimas a servicios públicos, el Estado estará limitado en la toma de decisiones.
ALGUNAS CIFRAS DE LA TRATA DE PERSONAS
El Sistema RETA PNP (2013) registró 133 denuncias, 387 víctimas (371 mujeres y 16 hombres); 322 adultas (316 mujeres y 6 hombres); 65 menores de edad (55 mujeres y 10 hombres).
Los principales lugares de origen son: Cusco, Loreto, Lima y Huánuco. Principales finalidades: 82.22% sexual y 16.67% laboral. principales destinos: Lima, Puno, Cusco, Madre de Dios, Junín y La Libertad.
En la línea 0800-2-3232 se recibieron 41 denuncias: 27 con fines de explotación sexual, 11 con fines de explotación laboral y 3 con fines de mendicidad. 60% de víctimas de sexo femenino y el 40% masculino.
La División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) hizo 216 operativos: 340 presuntos tratantes (237 hombres y 103 mujeres) fueron capturados y 904 víctimas rescatadas.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró 120 internos (75 procesados y 45 sentenciados) por el delito de trata de personas, a nivel nacional.
El Poder Judicial informó sobre 101 procesos judiciales en trámite (23 con sentencia y 78 en proceso). 16 sentencias condenatorias y 7 absolutorias (20 condenadas por delito de trata de personas y 16 absueltos).
El Ministerio de Justicia atendió 90 víctimas de trata de personas (49 hombres y 41 mujeres).
El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público atendió 162 víctimas: 102 menores de edad y 60 mayores de edad. 19 bajo medidas de protección.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección de Investigación Tutelar, recibió a 42 niñas, niños y adolescentes con perfil de trata de personas.
Las cifras presentadas no dejan de ser importantes en varios aspectos y sin duda ayudan en la gestión del tema, como por ejemplo establecer la necesidad de focalizar la prevención y persecución del delito por lugar de origen y destino. Sin embargo, muestran vacíos para la toma de decisiones de política pública contra un delito tan grave, precisamente por carecer de la falta de sistema de estadístico armónico. Información que sin duda serviría como un buen argumento ante el sector economía.
Se necesita por lo tanto, que el Ejecutivo comprenda que invertir en estadísticas confiables, incrementará la rentabilidad social de la inversión pública e incluso privada en este campo.