Frente a las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno Regional de Ayacucho, la Comisión de Fiscalización del Congreso realizaría una audiencia en la ciudad de Ayacucho, así lo anunció su titular, Vicente Zeballos.
Dicha sesión descentralizada se realizará «entre la primera y segunda semana de junio», manifestó el parlamentario, al señalar que se ha comprometido la asistencia del contralor general de la República, Fuad Khoury.
Se pediría al pleno de la representación parlamentaria facultades de grupo investigador para tratar las denuncias.
Esta semana, la Comisión de Fiscalización recibió testimonios y documentación de la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho, Consuelo Saavedra, y el decano del Colegio de Ingenieros de esta jurisdicción, Pavel Torres.
Una vez que se tenga mayor información, «convocaremos necesariamente al presidente del gobierno regional, y de acuerdo a la documentación adicional que recibamos, se pedirá facultades de comisión investigadora al pleno», indicó Zeballos.
Entre las denuncias alcanzadas a la Comisión de Fiscalización del Congreso, figuran las referidas a supuestas irregularidades en las licitaciones realizadas para la construcción de colegios y el hospital regional de Ayacucho.
También se cuestionan la compra de maquinarias pesadas hechas por el gobierno regional, que habría demandado desembolsos excesivos.
EN EL PODER JUDICIAL
Como se supo en su momento, el pasado cinco de noviembre de 2013, Wilfredo Oscorima, fue declarado reo contumaz, por no ir a la lectura de su sentencia por el delito de nombramiento indebido de José Bautista Tomaylla (falso abogado) como asesor legal de la Dirección Regional de Educación (Expediente N° 02194-2011-0501-JR-PE-01).
Un caso similar ocurrió con la designación de Pompeyo Córdova en la Dirección Regional de Agricultura, situación por la cual se dictó una reserva de fallo condenatorio.
Pese al escándalo político y mediático que generó el primer caso, no se trataba de un caso complejo.
La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pidió cinco años de pena privativa de libertad efectiva contra Wilfredo Oscorima, por ser el presunto responsable del irregular proceso de declaratoria de emergencia de las carreteras de Ayacucho, que permitió obviar los procesos de licitación para la compra de maquinarias por un valor de 21 millones de nuevos soles en diciembre de 2011.
Se encuentran además implicados todos los consejeros regionales (a excepción de Faustino Rimachi) y tres funcionarios de confianza. Se les acusa por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo.
El 20 de marzo del presente año el juez unipersonal del tercer juzgado penal de Huamanga, presidido por Richard Almonacid Zamudio, inició el proceso por Negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo y se inició el juicio oral. Con Oscorima se encuentran tres imputados más.
EN LA FISCALÍA
El 29 de diciembre de 2011, el presidente regional y los consejeros regionales autorizaron la exoneración (007-2011) para la adquisición de tractores agrícolas otorgándose la buena pro a la empresa Ipesa SAC. y Unimaq S.A., para la adquisición de tractores agrícolas y accesorios por un total de cinco millones 994 mil nuevos soles; bajo el argumento de emergencia agraria, que no existía en ese momento. El caso se ventila en la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Exp. 730-2013).
También enfrenta la acusación de negociación incompatible por el pago millonario de 16 millones de nuevos soles a la empresa Bertolero, en el que además se encuentra involucrado el exgerente general del GRA, Alejandro Córdova y otros funcionarios, el caso se encuentra en la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción con el Exp. N° 1473-2013 (Jornada).