«Ningún gobierno ha atacado antes, de forma tan frontal, la ilegalidad». Así calificó la jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías Claux, la ofensiva del Estado peruano para conseguir la recuperación plena del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La alta funcionaría de Devida describió la constante lucha y la estrategia del actual gobierno del presidente Ollanta Húmala para aislar al crimen organizado en esta empobrecida región y llevar desarrollo a la localidad.
El trabajo es tan complejo que tiene que coordinar con nueve ministros de Estado en sus tareas de desarrollo alternativo con inclusión, prevención, tratamiento y control de la oferta. Además, la propia población se resiste a cualquier cambio, ya que durante más de 40 años empleó químicos en el cultivo y se resisten a dejarlos.
También es complicado porque los enemigos del Estado no solo se encuentran en el narcotráfico en la región. Están los remanentes de Sendero Luminoso que trabajan junto con los traficantes de drogas. Pero además existen otros miembros hostiles al Estado como la minería ilegal -que causa gran impacto en el ecosistema de la región al utilizar sustancias prohibidas-, los que talan en forma ilegal los árboles y lavan activos.
Anteriores respuestas del Estado se centraba en el empleo de la fuerza para atacar al narcoterrorismo. Muchas veces, los civiles se sentían desprotegidos. Hoy, con el actual gobierno, las respuestas se presentan en múltiples dimensiones.
Una de las principales prioridades es la mayor presencia del Estado. De acuerdo con la directora de Devida, se comenzó a llegar a zonas donde la ausencia se prolongó por más de 30 años. Entre las zona más significativas se encuentra el Monzón, donde el 51% sufría de pobreza total y el 27%, de pobreza crítica.
En los últimos años, en la convulsionada región ingresaron con fuerza los programas sociales como Qali Warma, Juntos y Pensión 65. Además, en el Vraem se abrieron oficinas del Banco de la Nación, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
«Debido a los éxitos alcanzados con esta activa política multisectorial en el Vraem, estamos seguros de que pronto se logrará la recuperación total de dicha zona.»
Para apoyar el cambio de los productos que siembran ya funcionan las oficinas del Banco de la Nación. Además, abrió Agrobanco en Mazamari, en la provincia de Satipo, con el fin de beneficiar a los agricultores que decidan dedicarse por los cultivo de café, cacao y cítricos.
Todo ello crea un nuevo ambiente entre el Estado y la población de esta región. Se calcula que en los últimos cinco años, el Estado gastó 1,800 millones de nuevos soles para el desarrollo. El lento cambio de mentalidad de una población -más por convencimiento que por imposición- hizo posible que dejaran sus cultivos de coca para optar por productos alternativos.
Masías reconoce que al comienzo había un profundo rechazo de la población. Ahora 41 de las 100 comunidades firmarán un acuerdo para sustituir sus cultivos de coca por productos que puedan ser vendidos en el mercado o sirvan para el autoconsumo.
De esta manera, el narcoterrorismo queda aislado para las operaciones de interdicción. Entre 2012 y 2013, se erradicaron 9,500 hectáreas y se destruyeron 25 laboratorios.
Debido a los éxitos alcanzados con esta activa política multisectorial en el Vraem, estamos seguros de que pronto se logrará la recuperación total de dicha zona.