Rechazo contundente. Fue la voz unánime de los directivos de la Federación de Instituciones de la Provincia de Huancasancos (Fonprohua) y del Centro Social Huancasancos, ambos con sede en la ciudad de Lima, al inicio de trabajos de exploración y explotación del yacimiento minero Yanaorcco de esta provincia.
Según el pronunciamiento emitido, en el que firman Adalberto Ayala Tupia del Finprohua y Jaime Rolando Camana Misaico, del Centro Social, se cuestiona la actitud de las autoridades de esta provincia, sobre todo del presidente de la Comunidad Campesina de Huancasancos, Marino Lifoncio Núñez, por haber firmado el convenio con la empresa Aceros Arequipa, que después de solo un mes, habría transferido sus derechos a la empresa Alta Sierra SAC para iniciar con la explotación este proyecto minero.
El pronunciamiento precisa que ambas empresas no serían titulares ni concesionarios del proyecto minero el Fierrazo RV, pero que la transferencia de los derechos de Aceros Arequipa al parecer habría sido porque desde Lima salió la advertencia de su ilegalidad debido a que estaban transgrediendo ciertas normas, incluso en complicidad de los dirigentes comunales. Entonces, se hizo esa acción para eludir su responsabilidad ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), cuyas sanciones son drásticas que van desde el cierre de la mina hasta el decomiso de maquinarias de la empresa.
Por estas razones, los dirigentes precisaron que exigen respeto a estas poblaciones y “sus patrimonios que no deberían ser subastados por sus autoridades a empresas irresponsables que aparentan ser pequeñas para evadir sus obligaciones, hecho que no podría llamarse inversión privada, sino más bien un saqueo a sus riquezas”.
Según figura en el documento, los integrantes de la comisión negociadora por parte de Huancasancos, quienes aceptaron los convenios “nada provechosos para las poblaciones” serían Víctor Vilchez Alvarado, Roberto Mancco Alfaro, Jesús Alarcon Pusari, Ángel Misaico Rebate, Eráclio López, Raúl Salcedo Quintana, Betsabé Vivanco, Nery Chumbili Meza, y Edith Mondoza, quienes fueron los encargados de presentar las contrapropuestas a los representantes de las mineras.
Según continúa el documento, el proceso de la firma del convenio habría sido rápido en los primeros meses del año pasado, un siete de marzo Aceros Arequipa solicitó la autorización al presidente de la comunidad, el 12 de abril fue aceptado, el ocho de junio la asamblea evalúa y acepta; en octubre se firma el convenio y en diciembre Aceros Arequipa transfiere sus supuestos derechos sobre el proyecto minero a Alta Sierra SAC, todo sucedió durante el 2013.
Las leyes que se habrían transgredido serían el R-M N° 028-2008 DM sobre la participación de la mayoría de los ciudadanos para tomar decisiones en asuntos que competen a la comunidad y tampoco se habría cumplido con las exigencias del Decreto Supremo 020-2008 EM sobre la responsabilidad ambiental de acuerdo al mapeo geográfico ambiental (Jornada).
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