La jefa del Área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Giannina Avendaño, expresó hoy su preocupación por los vacíos legales que impiden sancionar oportunamente a las empresas que distribuyen agua para consumo humano de dudosa calidad.
“Se ha recibido quejas contra la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Arequipa (Sedapar S.A.) por el abastecimiento del agua con altas concentraciones de Arsénico y Boro en los distritos de Mollendo, Cocachacra, Punta de Bombón y Mejía, de la provincia de Islay (Arequipa); y también en Tacna, donde la propia Dirección Regional de Salud de Tacna concluye que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Tacna S.A.) no cumple con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para Aluminio y Arsénico”, explicó la funcionaria a INFOREGIÓN.
En ese contexto, recordó que los proveedores de agua deben cumplir con desinfectar el agua antes de suministrarla a la población, así como tratarla con insumos que posean registro sanitario a fin de eliminar o disminuir el exceso de metales pesados u otros elementos. Sin embargo, algunos operadores vienen incumpliendo con los LMP de la calidad del agua para consumo humano establecidos en el Reglamento de Calidad del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
Avendaño refirió que “parte del problema es que el Ministerio de Salud no ha aprobado los criterios para determinar el monto de las sanciones a imponer a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), municipalidades provinciales y distritales, así como a los operadores de las zonas rurales, que incumplen con proveer agua apta para el consumo humano”.
Indicó que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Viceministerio de Salud agilizar la aprobación de normas complementarias que permitan la aplicación concreta del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano, entre los que se encuentran los criterios para establecer las sanciones, los lineamientos para la elaboración de los planes de control de calidad del agua y los procedimientos para la declaratoria de emergencia.