Concluyó el operativo de interdicción a la minería ilegal realizadas por un equipo de Fiscales Provinciales Especializados en Materia Ambiental en coordinación con la Policía Nacional en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios, en los campamentos ubicados en la zona conocida como “Mega Trece”.
La interdicción se llevó a cabo con apoyo de un millar de efectivos policiales especialmente trasladados en esta zona desde el viernes 24 de enero y concluyó ayer.
El coordinador nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, Antonio Fernández Jeri, explicó que este operativo fue dirigido y ejecutado por seis fiscales provinciales especializadas en Materia Ambiental. Para tal fin “fueron capacitados y movilizados desde otros distritos fiscales, a quienes se sumaron fiscales adjuntos provinciales de crimen organizado”.
Explicó, que la reserva natural de Tambopata-Candamo, se ubica muy cerca de la frontera con Bolivia y Brasil y que es “uno de los lugares más bellos del planeta, de mayor diversidad, con tres ecosistemas naturales y originales diferentes de la región de la Amazonía peruana, presentándose como el mejor exponente de la variedad amazónica del país”.
El Ministerio Público informó a INFOREGIÓN que, durante la diligencia, centenares de personas que se encontraban realizando actividades de minería ilegal, muchas de las cuales procedían de otras zonas de permanente interdicción como La Pampa, se dieron a la fuga al notar la presencia de los Fiscales y de los efectivos de la Policía Nacional.
No obstante, se logró destruir más de 120 equipos y bienes usados para extraer ilegalmente oro como motobombas, grupos electrógenos, motores e instalaciones precarias que utilizaban como campamentos para el personal que labora en esta ilícita actividad.
Fernández Jeri subrayó que este mega operativo será consolidado con otras acciones multisectoriales que se vienen acordando y ejecutando en coordinación con los integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente, con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización.
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