A fines de noviembre, durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, la procuradora antidrogas Sonia Medina informó que el monto por el lavado de activos en nuestro país asciende a unos 6,500 millones de dólares, de los cuales el narcotráfico mueve dos mil.
La cifra la manejan desde inicio de año y por eso este 2013 estuvo marcado por actividades que buscaban la prevención y conscientización sobre el delito de lavado de activos.
Una de las luchas más importantes la realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al momento de exigir al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley que faculta acceder al secreto bancario y la reserva tributaria.
“La Unidad de Inteligencia Financiera siempre ha estado castrada porque no tiene facultades investigativas que toda las unidades financieras del mundo tienen. Entre ellas, las facultades de levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, por eso es importante”, indicó en su momento el especialista en temas de narcotráfico Rubén Vargas.
Otras autoridades como la presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, también se mostraron a favor del pedido, pero el 7 de mayo el Congreso vetó esta posibilidad, en la que siguen trabajando los intendentes de la SBS.
También se hizo importante la implementación de la ley de pérdida de dominio, que tiene por finalidad una persecución eficaz contra los patrimonios de las organizaciones criminales que les sirven para financiar actos de corrupción e incluso para perpetrar nuevos delitos.
La pérdida de dominio se adopta en un proceso autónomo para lo cual no es necesario que exista un proceso penal en curso o que haya concluido, incluso podría ser que el proceso se encuentre archivado.
Otro punto a resaltar en la lucha contra este delito es la creación de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio que anunció el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, el 23 de octubre. Estas fiscalías tendrán competencia para intervenir a nivel nacional y se integrarán al Subsistema de Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
INVESTIGADOS
Un duro golpe al lavado de activos se dio el 25 de abril, cuando un equipo conjunto de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección Antidrogas (Dirandro) logró la captura de los empresarios Víctor Quispe Torres, Antenor Zamora Cordero y Leoncio Bellido Coras, a quienes la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho atribuye haber financiado y lavado el dinero de los cabecillas terroristas del Vraem, Víctor, Jorge y Martín Quispe Palomino.
La ”Operación Harpagón” intentó desmontar así la estructura financiera de Sendero Luminoso en el Vraem, los agentes del orden también han incautado 36 propiedades de los detenidos, tanto en Atalaya como en Huamanga, Huancayo y Lima, entre inmuebles, embarcaciones y vehículos.
De otro lado, para setiembre, Julia Príncipe, procuradora de Lavado de Activos, señaló que contaban con más de 1,000 casos de lavado de activos y que el 88% está en investigación preliminar. Por su parte, Sonia Medina daba a conocer que tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial existe una relación de políticos y empresarios investigados por este delito.
En la relación estarían cinco congresistas, dos presidentes regionales y once alcaldes.
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