La Contraloría General de la República detectó que los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto habrían incumplido con entregar oportunamente un adelanto de recursos para la construcción e implementación del Auditorio Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), por lo que fueron demandados por la vía civil.
Según se indicó hoy, el perjuicio económico habría sido de más de un millón 400 mil nuevos soles en perjuicio de una empresa constructora. Los funcionarios debieron atender el requerimiento de pago de adelanto directo pero lo condicionaron a la presentación del expediente técnico aprobado, lo que no estaba contemplado en el contrato.
Para la obra, se contrató el servicio de elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, en virtud del cual se debió otorgar el adelanto directo solicitado por la contratista. La ejecución se daba bajo la modalidad de concurso oferta.
Por el incumplimiento de contrato, la empresa perjudicada obtuvo un fallo arbitral favorable para que el Gobierno Regional le pague 947 mil 370 nuevos soles por concepto de liquidación del contrato y reconocimiento de gastos financieros por garantía de fiel cumplimiento, adelanto de materiales, adquisición de butacas, pagos a profesionales, así como por daños y perjuicios.
SIGUE EL CONTROL A FUNCIONARIO CORRUPTOS
Por otro lado, una acción de control de la Contraloría a la gestión 2007-2010 del mismo gobierno regional detectó que algunos funcionarios transfirieron fondos públicos a una cuenta de una entidad financiera privada sin contar con la autorización de la Dirección Nacional de Tesoro Público.
El dinero provenía del 12% de los ingresos por canon petrolero destinado exclusivamente al otorgamiento de créditos promocionales en beneficio de productores agrarios, pecuarios y pesqueros de la zona, y a la ejecución de obras de infraestructura en su apoyo.
Según trascendió, este hecho ocasionó que se generen y cancelen gastos bancarios por más de 541 mil 254 nuevos soles en perjuicio del Gobierno Regional de Loreto.
Como resultado ambas investigaciones, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General abrió dos expedientes judiciales contra los presuntos responsables ante el Primer Juzgado Civil de Loreto.