Una equívoca acción de las Fuerzas Armadas el pasado 16 de octubre acabó con la vida de un poblador y dejó a otros cuatro heridos de gravedad, en la zona de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín) en el Vraem.
De acuerdo con versiones del Comando Conjunto de las FFAA, el equipo militar tenía como objetivo neutralizar a una columna senderista que preparaba un ataque a la base contraterrorista de Mazángaro. La información que condujo al error habría sido recibida por los canales de inteligencia. Es evidente que las fuerzas del orden confundieron a la población civil con senderistas que, supuestamente, planeaban colocar trampas explosivas.
El operativo tiene las características de un grave error en los ámbitos de la inteligencia, apreciación de la situación y en las operaciones. La alarma no fue contrastada como indica el protocolo de intervención en acciones antiterroristas; basadas en la información errónea, las FFAA movilizaron efectivos en helicópteros hasta la zona con la idea de disuadir a los hombres que estaban en tierra mediante el bombardeo de zonas donde creyeron se encontraban los terroristas, hiriendo a pacíficos pobladores.
Los explosivos lanzados por los helicópteros dieron con un grupo de viviendas de la zona de Nueva Esperanza, en las cercanías de la base de Mazángaro. Las bombas cayeron en las casas dejando inmensos hoyos y esparciendo piedras y rocas que destruyeron otras viviendas, causando miedo y dolor a 100 metros a la redonda. Una de las piedras cayó sobre un poblador que murió cuando era trasladado al hospital. Otra bomba cayó a 20 metros del colegio del pueblo.
La serie de cuestionables decisiones incluye el uso de helicópteros MI – 35P ubicados en el cuartel general de Pichari con escasa coordinación, en un modelo de intervención que en otras oportunidades reportó pérdidas de las fuerzas del orden y un operativo de ablandamiento del supuesto enemigo en una zona con presencia de civiles domiciliados, aliados del Estado en la lucha contra el terrorismo, organizados en comités de autodefensa. El mando en Lima parece que no fue informado de una operación nocturna de esa envergadura.
En el corto plazo debe atenderse a las decenas de familias cuyas viviendas fueron destruidas por el bombardeo. En el mediano plazo, estas familias deben de ser indemnizadas. En este caso se debe resaltar el cambio de actitud del Comando Conjunto de las FFAA que, a diferencia del episodio en Ozonampiato, en el distrito de Echarate (La Convención-Cusco), en mayo pasado, reconoció de inmediato el error y dispuso una investigación. Asimismo, los heridos fueron auxiliados por los militares en el puesto de comando de Pichari.
Este error debe ser investigado y sus responsables sancionados. Sin embargo, las reacciones se han producido hasta ahora en el plano militar con un inexplicable silencio del Ministerio de Defensa y de la Comisión de Defensa del Congreso. El caso desnuda una alta discrecionalidad de los mandos militares desplegados en la zona, al que concurren errores de apreciación y operativos. Los pobladores indican que no es la primera vez que son víctimas de estos equívocos; el 16 de agosto del año pasado, dos helicópteros Mi-35P también bombardearon esa zona aunque sin resultado cruento. Demasiados errores para que no se produzcan decisiones drásticas.