En el primer caso, el periodista Roberto Gálvez, corresponsal de INFOREGIÓN, fue objeto de comentarios amenazadores por parte de un grupo de cocaleros, quienes cuestionaban la línea editorial de su medio de comunicación.
Luego surgió el problema de los doce comunicadores sociales, incluyendo la periodista Angélica Reyes, también de INFOREGIÓN, amenazados por un dirigente cocalero, quien a través de un programa radial dijo que “deberían ser quemados”, responsabilizándolos del fracaso del paro.
Otro caso se refiere a la periodista Pilar Guerrero Arias, quien golpeada, amenazada y destruida su filmadora, por parte de los familiares de un sujeto que fue asesinado en circunstancias misteriosas.
Finalmente, Alejandro Rupay Machahuay fue agredido por un funcionario de la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún, hace dos noches, debido a una denuncia por actos de corrupción difundida por el comunicador.
Se destaca que la únicas instituciones que han salido en defensa de los comunicadores mencionados es el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Agencia de Prensa Ambiental Inforegión. A través de mensajes, cartas y de sus programaciónes, dichas entidades se han solidarizado con los afectados, y pedido protección de las autoridades ante las amenazas y atropellos.