A diferencia de lo que se esperaba, la ciudad de Puerto Maldonado amaneció tranquila y no recibió a miles de mineros informales e ilegales, en el primer día de su movilización, sino solo a 500 de la base de Tres Islas. No hubo actos de violencia ni enfrentamientos con la Policía.
Estos marcharon de manera pacífica, desde las 10 a.m., por las principales calles hasta el local de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). Mientras tanto, la vía Interoceánica fue bloqueada en varios puntos, entre Mazuco, Laberinto e Inambari.
Sin embargo, en Puno, unos 20 mil mineros, entre informales e ilegales, procedentes de las provincias de Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina, realizaron una gran movilización por la ciudad de Juliaca. La marcha desarrollada de forma pacífica terminó con un mitin en la plaza Zarumilla.
En La Libertad, unos 12 mil mineros informales se sumaron al paro indefinido convocado por la dirigencia nacional para protestar por las interdicciones ejecutadas en Madre de Dios y Huánuco.
En cambio en Ica, la Federación de Mineros Artesanales del Perú rechazó la protesta y declaró que allana al proceso de formalización del Gobierno.
Frente a este panorama radical, el Gobierno Central respondió que no cederá ante los pedidos y chantajes de las mafias de mineros ilegales que vulneran la ley y, a la vez, llamó al diálogo a los mineros informales (que son los que, estando en situación de falta, decidieron someterse al proceso de formalización).
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, dijo que la Policía tiene instrucciones para detener a las personas que intenten transgredir la ley y causen actos de violencia. “No hay diálogo con quienes están en el lado ilegal y generan distorsión en nuestro modelo económico”.
EL PESO DE LA LEY
Daniel Urresti, el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), declaró a El Comercio: “No hay forma alguna de acceder a los requerimientos que atentan contra la ley, es como si diéramos facilidades a los secuestradores. Debemos tener claro que lo que hacen los mineros ilegales no es paro ni huelga, porque si no, dejarían de extraer el mineral y de contaminar; y así el Estado agradecería que hagan paros siempre. Estos grupos no paran, siguen destruyendo el medio ambiente.
Mientras que los jornaleros y transportistas –contratados por ellos– marchan por las calles, bloquean las vías y siembran el caos, los verdaderos dueños no dan la cara”.
Agregó que las interdicciones continuarán y se controlará el uso del combustible.
A pesar de las críticas, el Gobierno cambia de actitud con los informales. “Con ellos sí estamos en conversaciones. Incluso hoy [ayer] me reuní con los representantes de dos federaciones de mineros de 18 regiones. Con ellos buscamos solucionar entrampamientos en trámites”, dijo Urresti.
¿Entonces por qué en la marcha de ayer se mezclaron informales con ilegales? Urresti contesta: “Lo que pasa es hay mineros informales que por inocencia o por tontos se pliegan a las marchas de ilegales. Y, a su vez, los ilegales quieren mantenerse junto a los informales para aprovecharse”.
Urresti anunció que en un mes van a instalar ventanillas únicas en los principales departamentos y el Ministerio de Justicia instalará una red de conciliadores para agilizar la solución de problemas técnicos.
Y reafirmó que contra los ilegales se aplicará la represión que es potestad del Estado: “Cuando uno visita La Pampa regresa enfermo, es inconcebible el grado de contaminación, estos ilegales destrozan el medio ambiente. Por eso, el Gobierno moviliza una gran cantidad de efectivos para el cumplimiento firme de la ley”.
AMBIENTALISTAS DE ACUERDO
Para Ernesto Ráez, asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente, es fundamental diferenciar a los informales de los ilegales. “El mensaje con los informales es que vengan a la mesa de diálogo y busquemos soluciones para las trabas administrativas. Con los ilegales, el Estado no puede dejar de garantizar los derechos de los peruanos, de proteger, por ejemplo, a la población de Madre de Dios contra los altos niveles de contaminación. Con ellos, no hay esperanza de formalización y se someterán a interdicciones”.
Ráez precisa que el Gobierno debe acabar con la minería ilegal en La Pampa que contamina con dragas los ríos y cuerpos de agua. “No podemos retroceder. Ahora tendrá que venir la represión contra quienes subviertan el orden”, dice.
César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, opina lo mismo: “El Estado ya señaló las reglas, no puede dialogar con los ilegales. Quedan la interdicción, la incautación de maquinarias y formularles denuncias penales”. (Cortesía El Comercio)
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