Desde el año pasado, el Primer Ministro y el Ministro del Interior están obligados a informar al Congreso de la República sobre los avances en la lucha contra el brutal delito de la trata de personas.
¿Por qué el Primer Ministro? Porque las acciones contra este delito son transversales a todo el Estado y hay responsabilidades funcionales establecidas en la Ley 28950 y su reglamento para nueve ministerios (debieran ser más), el Poder Judicial, el Ministerio Público, 25 gobiernos regionales y 1,838 gobiernos locales del Perú.
El ámbito de estas responsabilidades funcionales es enorme, no solo política y geográficamente, sino por la magnitud del delito que se relaciona con todos los escenarios de explotación humana y de sus vínculos con el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, las personas desaparecidas, la minería ilegal, la informalidad en todos los aspectos de la economía y la inseguridad ciudadana.
Sin duda el jefe de Gabinete y el ministro del Interior darán cuenta de los avances en la protección de víctimas, así como en la prevención y persecución del delito; pero el “Informe alternativo” al Estado presentado por la sociedad civil al Congreso el 19 de setiembre señala aspectos difíciles de explicar.
Lo más complicado de asimilar es la falta de presupuesto especial para encarar la prevención y persecución del delito, así como la protección de víctimas. Durante el período de evaluación 2012 -2013 se destinó el 0,0015% del presupuesto de la República para financiar las acciones en el ámbito nacional. Apenas dos soles diarios para los gobiernos locales, dejando en cero a los gobiernos regionales y demás poderes del Estado. ¿No es inmoral este presupuesto? ¿Cuánto se ha previsto para el 2014? ¿Cómo explicar a las víctimas que la policía especializada no cuenta ni con dinero ni con vehículos? Vamos, si hasta el registro oficial de denuncias de trata de personas ha tropezado varias veces porque no había ni para Internet.
Otro aspecto difícil de explicar es la ausencia de albergues para víctimas de trata de personas. Si bien la responsabilidad está planteada desde el 2008, no existe ningún albergue especial en todo el país, aunque desde 2011 este gobierno se comprometió a ello en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. ¿Por qué abandonar a las víctimas a su suerte y exponerlas nuevamente al crimen?
Y, por último, respecto a las víctimas, ¿cuántas son?, ¿dónde están?, ¿qué se hizo de ellas? Aunque se cuentan por millares (aún oficialmente) hay inconsistencia en las cifras, desidia en el cuidado de la información, despreocupación por aliviar los impactos personales en las víctimas, indiferencia para garantizar el acceso a la justicia y desinterés para proporcionarles, después del rescate, el apoyo educativo, laboral y de salud al que el Estado se encuentra obligado por ley. ¿Es que no sabe el Estado que hay niñas y niños forzados sistemáticamente en este preciso momento? ¿Cómo entender la inclusión social si nos desentendemos de los más vulnerables?
Sabemos de muchos funcionarios comprometidos contra la trata de personas y a los que les duele lidiar cotidianamente con la corrupción y la indolencia. Ellos son el punto de apoyo del Estado y la esperanza de las víctimas. No los dejemos sin herramientas. No seamos cómplices de los tratantes. Aún hay tiempo, señor primer ministro, para modificar el presupuesto a 2014 y honrar el compromiso del Estado, así como la dignidad y la libertad de los excluidos.