Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente.
Implicancias
Si esto es así, si se demuestran las acusaciones, significaría que tuvo que existir una red de corrupción en su gobierno, grande o pequeña, porque obviamente Toledo no podía hacerlo solo. Lo que implica que tuvo cómplices en cargos importantes.
Usualmente el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y funcionarios, la plata grande, llega a través de sobornos procedentes de las obras, las compras y las licencias. Eso implica que al otro lado de la mesa hubo empresas que pagaron coimas e intermediarios que arreglaron los negocios ilícitos.
En síntesis, son tres grupos que participan en las redes de corrupción: políticos con poder y funcionarios públicos, empresarios que pagan para obtener beneficios, y promotores que facilitan los sobornos.
Historia de impunidad
Un caso típico en el Perú, que fue descubierto y documentado pero no sancionado, es el del tren eléctrico en el primer gobierno de Alan García. Empresas italianas pagaron los sobornos a través de Sergio Siragusa al entonces presidente –según confesó el intermediario–. (Ver Alfonso Quiroz, “Historia de la corrupción en el Perú”, p. 436 y ss.).
Las evidencias fueron obtenidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que era un perseguidor de García, por lo que este adujo que se trataba de una mentira, consecuencia de la venganza política.
La documentada acusación de enriquecimiento ilícito formulada por la fiscal Nelly Calderón prescribió mientras García estaba en el exilio.
En verdad, esa es la historia de la corrupción en el Perú, donde nunca un presidente y funcionarios importantes han sido sancionados, con la sola excepción de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y varias decenas de altos cargos, ministros, militares, jueces y empresarios.
La excepción de la regla
Condiciones inusuales en el Perú permitieron el juzgamiento de Fujimori y sus cómplices. En primer lugar, se trató de una dictadura que se derrumbó y quedó sin ningún sustento nacional ni internacional, sin aliados ni fuerza política. No fue una transición ordenada y pactada.
En segundo lugar, los extravagantes delirios de Montesinos que filmó algunos de los actos de corrupción, con pilas de billetes sobre la mesa, tuvieron un impacto fenomenal sobre la opinión pública. Muchas veces se sabe o se sospecha, pero verlo en un video es algo que ha sucedido pocas veces en la historia.
En tercer lugar, varias circunstancias excepcionales. Cuando Fujimori y Montesinos se pelean a fines del 2000, y se descubren cuentas millonarias del “Doc” en Suiza, el presidente ordena investigar a su ex socio. Y el ministro de Justicia, Alberto Bustamante, acierta nombrando procurador a José Ugaz.
Otra circunstancia providencial, Valentín Paniagua, un hombre honesto, valiente y capaz, fue elegido presidente interino. El mantuvo a Ugaz y puso las bases para establecer el sistema anticorrupción.
Por último, el nuevo presidente Alejandro Toledo, también conservó a Ugaz, Luis Vargas Valdivia y otros en la procuraduría y respaldó su trabajo, hasta mediados de su gobierno, cuando los procuradores pidieron ampliar su ámbito de acción e investigar también al gobierno de Toledo. Ahí se enfriaron los ímpetus anticorrupción del presidente –ahora sabemos por qué– y salieron Ugaz, Vargas Valdivia, y la procuraduría decayó.
Lecciones
Lo que se demostró en este caso es que no es imposible juzgar y sancionar, en procesos limpios, a los corruptos, por más encumbrados que sean. Puede ser que se produjeran algunos errores, pero en general los juicios fueron excepcionales en los dos siglos de vida republicana.
Y se dieron, no hay que olvidarlo, con un Poder Judicial y un Ministerio Público corrompidos y controlados completamente hasta el día anterior por los que en ese momento eran juzgados.
Eso se logró gracias al trabajo de la procuraduría que fue la que diseñó e impulsó el sistema anticorrupción, con el apoyo político de Paniagua y Toledo (al principio).
En suma, dos lecciones. Primero, es posible procesar y sentenciar por casos de corrupción a los más altos cargos. Sí se puede.
Segundo, el sistema anticorrupción depende, en una democracia frágil, del apoyo político. Cuando Toledo dejó de apoyarlo, decayó. Ni hablar de lo ocurrido en el segundo gobierno de García.
Y en el actual, las investigaciones se dirigen solo a los enemigos políticos –hay hallazgos significativos de la comisión que preside Sergio Tejada–, pero se protege a los aliados como Toledo y se encubre totalmente la corrupción presente. Y, hasta ahora, no hay resultados tangibles.