En agosto del año pasado, El Comercio advirtió sobre la creciente ola de mineros ilegales que se habían instalado en la selva cusqueña de Camanti, en la provincia de Quispicanchi, a cinco horas del Cusco. Según el director regional de Energía y Minas de Cusco, José Huamán, la situación ha empeorado.
Hay cinco mil mineros ilegales que vienen arrasando bosques enteros con maquinaria pesada. Además, 30 ciudadanos chinos ilegales contribuyen a la destrucción del ambiente.
Con el inicio de las interdicciones en Madre de Dios, muchos mineros de esa zona han migrado hacia Quincemil, capital de Camanti. Además, han aumentado los mineros ilegales ecuatorianos, colombianos y chinos. “Estos últimos son 30. Solo dos están formalizándose. Son invitados por gente local, dueños de concesiones. Los chinos ponen el dinero y su maquinaria. Para avanzar rápido, hacen carreteras con maquinaria pesada”, comentó Huamán.
La destrucción en esta zona ha aumentado por la presencia de 300 cargadores frontales, retroexcavadoras, tractores y volquetes. Para lavar el oro se ayudan de chutes y balsas gringo.
La expansión de sus actividades ilegales se da ante la inexistencia de un corredor minero en Camanti. La Gerencia Regional de Recursos Naturales del Cusco y la Dirección Regional de Energía y Minas propusieron la creación de uno ante el Congreso, pero hasta ahora no ha sido aprobado.
FORMALIZACIÓN EN MARCHA
Huamán contó que de esos cinco mil mineros ilegales, solo 600 mineros artesanales están en proceso de formalización. Los dirigentes mineros de Madre de Dios llegaron ayer hasta Quincemil para pedir apoyo a sus homólogos de esta zona en las próximas protestas anunciadas por la Federación Minera de Madre de Dios.
Aunque la respuesta de Quincemil ha sido negativa, ya han participado de anteriores manifestaciones contra los decretos del Ejecutivo.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales del Cusco plantea establecer en Quincemil un área de exclusión minera para conservar 129 mil hectáreas de bosques de producción permanente que son las zonas más devastadas. También buscan crear el área de conservación regional Marcapata-Camanti de 90 mil hectáreas. Con eso se protegería el 66% del territorio.
Huamán confirmó también que el clan Baca-Casas que opera en Huepetuhe tiene una concesión en Camanti en proceso de formalización. “Su terreno ya está titulado y está haciendo trazos de una vía para comenzar a operar”, comentó.
Cortesía El Comercio
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