En opinión de César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Estado ha retrocedido en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, hecho que ven con mucha preocupación, pues no se están dando las condiciones para que estos compromisos se cumplan.
“Es un retroceso que se veía venir por las deficiencias y por el poco compromiso que se ha evidenciado en el tema. Lo que sí creo es que no están haciendo esto con responsabilidad, porque en el día a día priorizan otros temas más políticos que estos temas que son complejos y de larga data”, señaló Ipenza al referirse a la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de ampliar el plazo para el proceso de formalización minera hasta abril de 2014.
Respecto del proceso de formalización, Ipenza afirmó que “no se han cumplido todos los requisitos y no se han dado todas las condiciones para que efectivamente ocurra”.
Mencionó como ejemplo el D.L.1105, que establece en uno de sus artículos el establecimiento de una Ventanilla Única para facilitar la formalización, la cual no se ha implementado, asimismo no existen o no están asignados los recursos para los gobiernos regionales, “porque finalmente quien tiene que asumir el rol en este tema son los gobiernos regionales, y no tienen capacidades, no tienen recursos económicos, entonces difícilmente van a poder responder a este proceso”, afirmó.
Con respecto a la propuesta del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien planteó la necesidad de un Acuerdo Nacional para enfrentar el problema de la minería ilegal, manifestó que “como sociedad civil no hemos sido convocados, nos parece interesante la propuesta, sin embargo hay que señalar que se requiere más que un Acuerdo, que todas las autoridades que tienen competencia en estos temas asuman su rol nada más, eso es lo que se pide, porque finalmente todos tienen obligaciones claramente definidas respecto al tema de pequeña minería y minería artesanal; y creemos que no se están cumpliendo todas las obligaciones de los diversos actores”.
Asimismo se refirió al Ministerio de Economía quien “debiera asignar partidas puntualmente para el tema de formalización, y los gobiernos regionales debieran solicitarlas”.
“Vemos con mucha preocupación esta situación que es un retroceso y vemos con mucha preocupación también que no se estén dando las condiciones para la formalización. Ofrecemos desde nuestra experiencia y conocimientos ayudar al Estado para que siga enrumbando este proceso, pero también siendo críticos ante el incumplimiento de todas las condiciones para que esto ocurra”, precisó.
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