El año pasado, el presidente Ollanta Humala anunció –en su discurso por Fiestas Patrias– uno de los mayores logros de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos realizando acciones más eficaces para controlar el lavado de activos. Cabe mencionar la operación ‘Alas’, donde se incautó bienes por 43 millones de dólares, o el caso ‘Alanya’, donde se recuperó bienes por 40 millones de dólares…”, dijo en aquel entonces.
El mandatario se refería al megaoperativo que se produjo el 3 de febrero de 2012, cuando cinco integrantes de la familia Alanya fueron intervenidos en Villa Atalaya, en Ucayali. Un pool de representantes de la Policía y de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, además de la Procuraduría Antidrogas, participaron en la detención de Leonidas Alanya Pérez, su esposa, su hija, su yerno y un socio.
MILLONARIA INCAUTACIÓN
A la familia Alanya se le incautó 18 viviendas, y todos sus integrantes fueron internados en el penal de Pucallpa por el presunto “delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia en agravio del Estado, ilícito penal tipificado en la Ley 27765”, según indica la resolución judicial de excarcelación a la cual tuvo acceso este diario.
Sin embargo, 14 meses después, todos los involucrados en este caso –que fue resaltado por el presidente Humala– fueron liberados pese a la gravedad del delito.
El Juzgado Mixto de Atalaya, dirigido por el juez supernumerario Rafael Espinoza Calderón, dictaminó variar el mandato de detención por el de comparecencia restringida, consignando que se había “cumplido con el objeto de la instrucción” y que no hay peligro de fuga ni de obstaculización de la justicia. Es más, pese a que la incautación realizada superaba los 40 millones de dólares –según Humala–, a Leonidas Alanya apenas se le impuso un pago de S/.30 mil de caución. En el caso de su hija, solo deberá pagar S/.5 mil.
PROCURADURÍA APELÓ
Una fuente judicial de Perú21 informó que, apenas se ordenó la excarcelación, la Procuraduría Antidrogas apeló. Además, ya estaba en curso el pedido para que este juez se inhiba de ver el caso para que sea traído a Lima por garantías del proceso mismo y por competencia definida ya por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. “Este caso ha pasado por las manos de tres jueces, y ninguno quiso soltar el expediente”, indicó la fuente.
“NO TENGO IDEA”
El presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari, aseguró que no sabía de la excarcelación de los implicados. “No tengo idea de qué caso se trata. Mil disculpas”, señaló a Perú21.
Sobre los tres cambios de jueces que dispuso su despacho, sostuvo que “el juez que estaba allí (primero) padecía de cáncer. Tenía el juzgado un poco abandonado. Cambiamos a otro y tenía una producción malísima. Entonces hemos hecho cambios porque vimos que la producción estaba baja en varios juzgados”.
Sin embargo, Boza precisó que el caso debe de haber sido apelado por el fiscal y que si este “vio un caso de inconducta funcional, debió comunicarlo”. Se supo que el tema ya llegó a la Oficina de Control de la Magistratura.
Cabe destacar que mientras los procuradores antidrogas solicitaban que este caso pase a Lima, en Atalaya se desafectaron los bienes de los Alanya.
Después de cuatro meses, el Poder Judicial de Ucayali resolvió que el juez de Atalaya se inhiba del caso.
Fuentes judiciales informaron que el expediente llegará a la Sala Penal Nacional, con sede en Lima, que tiene competencia por ser un crimen organizado. (Cortesía Perú21)
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